Denuncian detención de unos 60 trabajadores del sector petrolero

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Con Real y Medio
Foto: referencial

Al menos unos 60 trabajadores del sector petrolero en Venezuela resultaron detenidos en las últimas semanas, denunció recientemente José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

Según Bodas, estas detenciones ocurrieron en los lugares de trabajo y también en operaciones en sus viviendas sin explicación alguna y mucho menos el sitio donde están, reseñó el medio NTN24.

El vocero explicó que a unas 35 personas las arrestaron en el estado Anzoátegui y 25 en el complejo refinador de Paraguaná, Falcón. Todas sin órdenes judiciales.

“Es inaceptable que se violen los derechos humanos de estos trabajadores. Exigimos al gobierno que informe a sus familiares sobre su paradero y situación, y que cese el hostigamiento contra el sector”, afirmó Bodas en un video que compartió en redes sociales.

Bodas añadió que esta situación generó “zozobra en el seno de la clase trabajadora. Hasta ahora no hay información sobre ellos. Exigimos al gobierno información sobre la causa de estas detenciones”, expresó.

Los trabajadores perciben “salarios de hambre”

Asimismo, Bodas aseguró que los trabajadores petroleros perciben “salarios de hambre” que no cubren sus necesidades básicas: tarjeta de alimentación, un bono de transporte de 25 dólares y un beneficio de 150 dólares para el Centro de Abastecimiento, pero que igual los ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

“Los trabajadores petroleros merecen respeto y condiciones dignas. No descansaremos hasta que se escuchen nuestras demandas y se garantice justicia”, concluyó Bodas.

Extrabajadores petroleros llevan 22 años reclamando sus derechos

Por otra parte, varios extrabajadores petroleros continúan reclamando justicia por sus derechos laborales. Fueron despedidos hace 22 años.

El dirigente sindical Iván Freites habló ante la Comisión de Administración y Protección de Activos (CAPA), una instancia creada en 2015 por la Asamblea Nacional, que tenía el mandato de administrar y proteger los bienes de Venezuela en el exterior y representar al país en juicios y arbitrajes.

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