Aumentó el número de mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales

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Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales
Referencial

De acuerdo al informe de 2022 del proyecto Lupa por La Vida, que llevan a cabo el Centro Gumilla y Provea, aumentó el número de mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales por actuación de cuerpos policiales y militares en Venezuela.

El monitoreo que se desarrolla en los 23 estados del país más el Distrito Capital destaca que del total de las 824 víctimas en contexto de operativos de seguridad, 18 fueron mujeres lo que representa el 2,18 % del total general. En comparación con el año 2021 hubo un incremento de 1,14 %, cuando se registró 1.04 % de mujeres víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Por otro lado, el informe destaca además que los jóvenes de los sectores populares son las principales víctimas de la violencia institucional. «La política sistemática y masiva de ejecuciones extrajudiciales ha tenido como objetivo los jóvenes de las zonas pobres. Se presume culpable todo joven que habita en una zona popular. Cuando policías y militares ingresan a un barrio las personas de género masculino entre 15 y 30 años corren alto riesgo de ser detenidas, maltratadas o ejecutadas. En un país en situación de emergencia humanitaria compleja, con miles de jóvenes excluidos del sistema educativo y de las fuentes formales de empleo, ese riesgo se ha incrementado», enfatiza el estudio.

De hecho, el 62 % de las víctimas en 2022 son jóvenes entre 18 y 30 años, mayoritariamente de zonas populares en todo el territorio nacional.

Actuación de las policías estadales

Lupa por la Vida señala que persiste una alta proporción de muertes causadas por las policías estadales. Las que registran mayor nivel de letalidad son las policías del estado Carabobo (49) Zulia (41) Aragua (22), Yaracuy (17) y estado Portuguesa (12).

Si bien, en contraste con 2021, cada una de ellas disminuyó la cantidad de personas asesinadas, su actuación es altamente letal y, en la mayoría de los casos, se presume la modalidad de ejecuciones extrajudiciales. En 2021 cada una de ellas causó la muerte de 132, 94, 55 y 23 personas, respetivamente.

Víctimas por actuación de policías y militares

En los 30 municipios del país, donde mayor cantidad de víctimas se produjo por distintos cuerpos de seguridad, se asesinó a 520 personas. Las poblaciones de los municipios Sucre y Lander del estado Miranda son las sufrieron más el uso abusivo de la fuerza letal. 

En estos municipios se desplegaron las llamadas operaciones trueno. Le siguen los municipios Valencia, en el estado Carabobo, Maracaibo, en el estado Zulia y Simón Bolívar en el estado Anzoátegui.

Los cinco municipios con mayor cantidad de víctimas

% de víctimas824
M. Sucre (estado Miranda)42
M. Lander (estado Miranda)38
M. Valencia (estado Carabobo)34
M. Maracaibo (estado Zulia)30
M. Juan José Mora (estado Carabobo)29

Recomendaciones para avanzar en la garantía del derecho a la vida

Desmilitarizar los mandos de los cuerpos policiales y las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana cumpliendo con el artículo 332 de la Constitución que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.

Cesar la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada con una política de seguridad ciudadana que priorice las labores preventivas.

Establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares, en cumplimiento del memorando de entendimiento del Estado venezolano con la Corte Penal Internacional y del mandato del artículo 29 de la Constitución.

Facilitar el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante la publicación oportuna de datos y cifras relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia carcelaria, a objeto de identificar las circunstancias en las que se producen los fallecimientos de ciudadanos en esos contextos e identificación de los detenidos.

Adoptar las recomendaciones que en materia de seguridad ciudadana y uso de la fuerza han propuesto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lea el informe completo haciendo click aquí.

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