La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este jueves 17 de marzo su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Comenzó alabando las reformas que ha hecho el gobierno en materia del sistema de justicia y en la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, que incluye la disolución de las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales.
Sin embargo, y pese a los recientes informes de varias ONG sobre la todavía práctica sistemática del Estado venezolano, a través de sus cuerpos de seguridad, de ejecuciones extrajudiciales, la diplomática no se refirió a este asunto en su informe.
También se refirió a la documentación que ha hecho su equipo de trabajo en el terreno sobre el todavía número creciente de detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos.
En cuanto a detenciones arbitrarias el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 11 personas siguen detenidas bajo esta figura atentatoria contra el derecho a la libertad.
Igualmente destacó que desde el mes de septiembre de 2021 su oficina ha registrado preocupantes restricciones al trabajo de las organizaciones del espacio cívico en el país.
Dice tener registro de 93 incidentes relacionados con restricciones a esta labor, «incluida la criminalización, amenazas y estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios independientes y sindicalistas».
Remarcó que sigue preocupada por la detención del activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, «y su salud parece deteriorarse».
En cuanto a las limitaciones al derecho a la libertad de expresión su equipo ha documentado el cierre de 8 programas y emisoras de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Bachelet cuestionó la falta de disponibilidad de acceso de información pública. Desde 2018 no se publican cifras oficiales sobre el presupuesto nacional, dijo, a pesar de que se adelanta la Ley de Acceso y Transparencia de la Información Pública por parte del Ministerio Público.
En ese sentido, señaló que el Fiscal General de la República ha permitido acceso al equipo del ACNUDH «de algunos archivos» sobre la violación de derechos humanos y espera que a futuro «se incremente este acceso a expedientes y audiencias».
Reconoció como un avance la condena que se le impuso a varios funcionarios sobre el caso de la muerte del militar Rafael Arévalo Acosta, aunque dijo que todavía en esta materia queda mucho por hacer.
Con respecto a las elecciones regionales celebradas el 21 de noviembre de 2021 alabó que se hicieran en un clima de paz aunque alertó que le llamaba la atención que pocas mujeres resultaran electas en cargos más altos de representación popular.
Sin embargo, no mencionó las irregularidades registradas en los comicios a la gobernación de Barinas y su posterior repetición en enero de este año.
La Alta Comisionada también se refirió a la mesa de diálogo que se lleva en México entre el gobierno y la oposición, suspendida actualmente y con visos a retomarla prontamente. Recomendó que se lleve a cabo una «negociación inclusiva», a la par de que ofreció, de parte de su equipos, «asistencia técnica para alcanzar acuerdos».
La presencia de actores armados y criminales no estatales en la frontera centros urbanos y mineros, también formó parte de este informe aunque de manera sucinta.
Si hizo mención especial que el conflicto armado en la frontera de Apure con departamentos colombianos ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de personas, muchos de ellos indígenas.
Pide al gobierno investigar a profundidad estos hechos donde se constaten violaciones de derechos humanos, fundamentalmente de pueblos indígenas.
Nuevamente hizo el llamado para el levantamiento de sanciones sectoriales que pesan sobre el país para intentar aliviar las penurias de la población venezolana.
Embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en esta sesión número 33, como era de esperarse, rechazó este informe, que calificó de hostil.
Exigió que cualquier examen de derechos humanos «esté fuera de toda politización». Anunció que ya responderán en su debido momento y repudian, nuevamente, la supuesta intención de instrumentalizar «el uso de los derechos humanos para fines políticos».
