Brasil vive por segundo día consecutivo varias protestas de personas que exigen cárcel para el ex presidente Jair Bolsonaro. Las manifestaciones se extendieron desde São Paulo con réplicas en Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife y São Luís.
Una de las manifestaciones que reunió más público tuvo lugar en la ciudad de São Paulo bajo el grito de “sin amnistía”.
Las protestas ocurren en medio de un proceso judicial que podría terminar con el encarcelando al exmandatario por 40 años. Bolsonaro es juzgado por tentativa de golpe de Estado en el 2022 para evitar investidura de Luiz Inácio Lula da Silva electo mediante voto popular.
Los ciudadanos brasileños también exigen que el Congreso archive un proyecto de amnistía para los condenados por el asalto a los tres poderes de 2023. De aprobarse el proyecto, 500 de procesados por este caso serían indultados, entre ellos, Jair Bolsonaro.
Las protestas fueron convocadas por movimientos sociales que exigen justicia, y para quienes no existe otra medida que la cárcel para Bolsonaro.
En este proceso son acusados Bolsonaro y otros siete estrechos aliados, entre ellos, antiguos ministros y militares de alto rango.
El día del golpe de Estado miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo, con la intención de incitar una intervención militar para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido apenas una semana antes.
Jair Bolsonaro y los otros acusados no conocen la fecha de compadecer
Por lo pronto, el juzgado de Primera Sala del Supremo que lleva esta caso no ha determinado la fecha para que los acusados se presenten ante este tribunal. El exjefe de Estado aguardará en libertad la resolución del proceso.
En paralelo a la investigación del 8 de enero la Policía Federal presentó cargos a finales del año pasado contra Bolsonaro y otras 39 personas, entre ellas, militares de alto rango y antiguos ministros, por planear un golpe de Estado en el que se sopesó incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades.
A los 40 se les acusa de “abolición violenta del estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión.
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