El abogado Calixto Ávila Rincón, especialista en derechos humanos, dijo que la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) conocida como “Venezuela Uno”, sobre crímenes contra la humanidad cometidos en el país, se encuentra «en una suerte de limbo» que debería ser resuelto pronto.
El Estado venezolano pidió al Fiscal de la Corte Penal Internacional que se inhibiera y entregara la investigación al Gobierno nacional, con el argumento de que serían ellos quienes administrarían justicia en esos casos, dijo Ávila Rincón al programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
Sin embargo, el Fiscal con base a toda la evidencia recogida decidió que no haría la entrega de la investigación al Estado venezolano y, por tanto, pidió a los jueces que llevan el caso, que le autorizaran para seguir con la investigación.
Entre tanto, las funciones del Fiscal están suspendidas, en espera de la autorización de los jueces si se sigue o no con la investigación.
La CPI establece que la participación de las víctimas debe garantizarse, por lo cual se ordenó a la Secretaría la elaboración de un formulario con información de las víctimas, para que se elabore un sumario y se envíe los originales de manera confidencial a la que no tiene acceso el Estado venezolano.
Bloque de las víctimas
El especialista en derechos humanos dijo que el Estado siempre se opuso a la participación de las víctimas; también se opuso a los cinco estados remitentes de la situación, que son Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, con los mismos argumentos: la relación debe ser solo el Estado venezolano y el Fiscal de la CPI.
El Gobierno nacional hizo tres solicitudes: una que se limitara al proceso de recolección de información a través de las víctimas; en segundo lugar, el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretendió que la Secretaría de la CPI enviara un resumen y no los originales de las comunicaciones de las víctimas; y finalmente, litiga contra la solicitud de la oficina pública de defensa de las víctimas y fue aceptada la participación de los abogados del Estado venezolano.
«El Estado venezolano se opuso a la participación de las víctimas, la razón porque supuestamente se debía trabajar por lados diferentes. El gobierno también pretendía que se enviara un resumen y no las declaraciones originales de las víctimas, lo cual tampoco fue aceptado», afirmó Ávila Rincón.
“Sin embargo, las víctimas juegan un rol fundamental y es que, según el Estatuto de Roma, se protege claramente el interés de las víctimas y por lo tanto debe ser garantizado, así como ocurrió en otras investigaciones hechas por la CPI”, dijo.
Es “critica” la situación de DD.HH. en Venezuela
A criterio del abogado, la situación sigue siendo crítica en Venezuela y por ello la comunidad internacional mantiene el dosier venezolano en sus agendas de trabajo.
“Venezuela vive una crisis humanitaria compleja con más de siete millones de migrantes forzados y que reciben ayuda de distintas organizaciones internacionales”, apuntó.
Sobre el caso Venezuela, el abogado dijo que organismos internacionales han aportado cerca de 700 recomendaciones para atender la situación de derechos humanos en el país, mientras el tema Venezuela ha estado de manera permanente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
