La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron una declaración pública en la que expresan su rechazo a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que afectan gravemente la libertad de asociación en el país.
En su comunicado, hacen un llamado a proteger el espacio cívico y garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación.
En particular, la CIDH y la RELE se refieren a dos decisiones recientes del TSJ. La sentencia n° 1.057 del 4 de agosto que destituyó al Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana y estableció una “Junta Reestructuradora Ad Hoc” con competencias para reorganizar la organización. Según la Comisión y la Relatoría, esto va en contra de los estatutos internos de la Cruz Roja y otorga poderes contrarios al pacto de constitución.
De manera similar abordaron la sentencia n° 1.160 del 11 de agosto, con la cual se designó de manera “arbitraria” una Junta Directiva Ad Hoc para el Partido Comunista de Venezuela (PCV), una organización política disidente de la coalición de gobierno y opositora a diversas iniciativas legislativas.
La CIDH y la RELE resaltaron la importancia de que las juntas directivas de estas asociaciones tengan autonomía en sus procesos de designación de autoridades, ya que estas decisiones afectan la dirección y funcionamiento de las organizaciones. Además, expresaron su preocupación por el hecho de que el TSJ esté tomando decisiones que involucran a un partido político disidente y a una organización de ayuda humanitaria.
Acciones cíclicas
Las instituciones internacionales recordaron que este tipo de acciones no son nuevas en Venezuela, señalando que en junio de 2020, el TSJ también designó arbitrariamente las juntas directivas de los partidos políticos opositores Acción Democrática y Movimiento Primero Justicia.
Para la CIDH, estas decisiones, consideradas arbitrarias, no solo afectan la libertad de asociación y la participación política sin discriminación, sino que también minan la confianza en el sistema electoral y generan obstáculos adicionales para superar la crisis institucional en el país, que se caracteriza por la falta de Estado de Derecho, agregaron.
Es por ello que la CIDH y la RELE, cuyos mandatos derivan de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exhortaron a respetar y defender los derechos humanos y la democracia en la región y hacen un llamado a que se restablezcan las garantías para el ejercicio de la libertad de asociación en Venezuela.
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