Este fin de semana comenzó un paro cívico indefinido en la población de Santa Cruz, al este de Bolivia, que exige el censo de población y vivienda en 2023.
Los manifestantes exigen al Gobierno de Luis Arce que derogue el decreto con el que se postergó la realización del censo de 2023 a 2024.
Según el Gobierno, la postergación del censo se debió a problemas técnicos y a la necesidad de «despolitizar» el proceso de la consulta.
La demanda del departamento cruceño, manifestada en un cabildo abierto, está enfocada principalmente en la redistribución de recursos y escaños parlamentarios que debe realizarse a partir de los datos que arroje el censo.
Insisten en el diálogo
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, invitó a los líderes cruceños a retomar el diálogo.
Añadió que se espera no tener «ningún tipo de trabas al diálogo para arribar a una solución, que es lo que está esperando el pueblo cruceño».
La ministra también propuso una nueva distribución de los recursos que se aplicará en 2024 con los datos preliminares del censo, que se estima se realice en abril de ese año, como medida para frenar el paro indefinido en Santa Cruz.
Además, sostuvo que con este anuncio se responde a la «principal demanda» de las organizaciones cívicas que han expresado la necesidad de la realización de la consulta en 2023. Esto, para que sus datos sirvan para el diseño de políticas educativas y de sanidad.
Entre tanto, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo que la propuesta enmascara un censo en 2024, lo que va en contra de la población. En ese sentido aseguró que el paro continuará.
Un muerto
La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de Pedro Taborga. Los hechos se registraron en Arroyo Concepción, población fronteriza con Brasil.
