El Gobierno de Ecuador decretó este miércoles 29 de junio el estado de excepción en cuatro provincias ante la «grave conmoción interna» generada por las protestas que llevan 17 días.
Mediante decreto el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Azuay, Sucumbíos y Orellana.
Esta medida, que durará 30 días, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas.
Dicho decreto establece como «zonas de seguridad» las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos y se exceptúan las protestas pacíficas.
También se restringe la libertad de tránsito, con excepciones, entre las 7 de la noche y 5 de la mañana, hora local, en las provincias de Sucumbíos y Orellana; mientras que en la de Azuay la medida se aplicará desde las 9 de la noche
El decreto, además, señala que los agentes del orden deben observar «el estándar del uso progresivo de la fuerza», dependiendo del «nivel de agresión o resistencia».
Además, la norma dispone que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas despeje las vías cerradas por los manifestantes.
También señala el documento que los gobiernos locales tendrán a su cargo el control de los mercados de víveres.
Tercer estado de excepción
La promulgación del Estado de excepción de ámbito parcial es el tercero que decreta el presidente Lasso desde el inicio del «paro nacional indefinido» que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las políticas económicas del Gobierno, que tilda de neoliberales.
Esta medida se da después de que algunas de estas provincias hayan sido escenarios de violentos episodios.
Sobre todo en Sucumbíos donde se produjo la muerte de un militar el martes pasado.
Indígenas persisten en demandas
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las protestas de forma indefinida.
La principal demanda se centra en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo.
El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que reanudará el proceso de diálogo con el movimiento indígena para intentar dar soluciones a sus demandas.
El Estado aceptó la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Así lo precisó el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien explicó que el Ejecutivo se someterá a la metodología, lugares y tiempos que proponga la Iglesia católica en el proceso de diálogo.
