En El Salvador algunas organizaciones civiles solicitaron este martes 19 de abril a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la reforma penal que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes presuntamente originados por pandillas, lo que podría limitar y «criminalizar» el trabajo de la prensa en el país.
Desde hace aproximadamente un mes, el presidente Nayib Bukele con apoyo del Congreso instauró un régimen de excepción que permite la captura de personas sin orden judicial, como parte de su «guerra contra las pandillas».
Además se reformaron las leyes para castigar con hasta 45 años a quienes formen parte de estos grupos delictivos.
También se sanciona con penas de entre 10 y 15 años a quienes «reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general».
«Las reformas están imponiendo una limitación absoluta de derechos, particularmente sobre el ejercicio periodístico”, dijo Ruth Elenora López, representante de la organización promotora de derechos humanos Cristosal.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema una demanda contra la reforma referida a la difusión de mensajes.
«Lo que se está haciendo en este caso es criminalizando el ejercicio periodístico por cuanto se impone una mordaza al derecho que un periodista o un medio de comunicación tiene para informar a la ciudadanía, es un atentado a la libertad de información», señaló el presidente de la APES, César Castro.
El dato
Han transcurrido 24 días desde que se instituyó el estado excepción y hasta los momentos han sido detenidos 13.573 pandilleros.
