El sociólogo y activista de derechos humanos en el estado Lara, Nelson Freites, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias en el día de la capital musical de Venezuela.
Esta pandemia de la COVID-19 es un fenómeno relativamente universal pero ha tenido distintas repercusiones en algunas ciudades, regiones y países.
En el caso concreto de Barquisimeto, ciudad de contrastes y sumida en gravísimos problemas en servicios públicos como agua potable, electricidad, abastecimiento de alimentos, la enfermedad que produce el nuevo virus también ha tenido un impacto tremendo en la cotidianidad de las personas.
El sociólogo rememoró que la llamada ciudad crepuscular llegó a tener la mejor oficina de planificación del estado Lara. En su cuadrícula, con una estructura de manzana en su casco central, fue una metrópolis bastante bien organizada.
Pero a partir de los años 90 empezó a desconfigurarse, desarme que se ha venido recrudeciendo desde los años 2000 con un severo deterioro que es percibible en la calidad de los servicios y de vida de la población.
Hoy se encuentra en una encrucijada porque, según los historiadores, Barquisimeto es el epicentro de dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas que la configuran como una especie de nodo de redistribución para todo el centro occidente venezolano con importantes repercusiones.
Un dilema que para el también catedrático universitario de la UCLA, no se sabe cómo resolverlo.
Por eso, anunció la activación del Consejo de la Ciudad que reunirá a representantes de más de 80 sectores «que nos permita pensar a Barquisimeto, pensar lo que somos, lo que tenemos, la ciudad global que vendrá después de la pandemia».
Una pobreza criminalizada y ajusticiada
Dentro de ese «pensar la ciudad», Freitez consideró durante la entrevista que es importante ventilar y debatir el asunto de la seguridad ciudadana.
Es del criterio de que los organismos de seguridad del Estado, más que garantizar la vida y los bienes de las personas, en los últimos años se han dado a la tarea de ajusticiar, sobre todo a jóvenes de los sectores populares, menores de 30 años.
Para el sociólogo esto no es solamente criminalizar la pobreza sino que también se le ajusticia «y resulta que Lara es la segunda entidad del país con mayor número de ajusticiamientos por parte de las FAES».
Agregó que no es solo es este cuerpo policial el máximo responsable de las ejecuciones extrajudiciales, sino también el CICPC y en menor medida, la GNB.
Según los registros de ong de derechos humanos en Lara, desde la llegada de las FAES en 2018 se contabilizan «168 ajusticiamientos que ha cometido este cuerpo muy letal en los municipios Iribarren, Torres, Jiménez».
Describió esta situación como verdaderamente grave que «llevó a la alta comisionada de las naciones unidas a solicitar la disolución de las FAES que actúa como un cuerpo paramilitar con total impunidad».
Aseguró el activista que el Ministerio Público no ha investigado «ni un solo caso de ajusticiamiento».
Cuestionó severamente los modus operandi de estos funcionarios policiales al apuntar que efectúan los procedimientos en horas de la madrugada, sin órdenes de allanamiento ni de aprehensión, portando máscaras «y aplican una especie de pena de muerte».
Freitez responsabilizó de estas actuaciones a la propia gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez.
Sin embargo, a pesar del panorama tenebroso, afirmó que estos ajusticiamientos no van a quedar impunes.
Dijo que los informes que prepararan desde el Comité de Derechos Humanos de Lara se enviarán directamente al oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de los funcionarios que se encuentran en el país. Luego se remitirán a la Corte Penal Internacional.
