«Fueron deportados», así calificó Carlos Trapani, de CECODAP, el hecho en el cual 16 menores de edad venezolanos, acompañados de algunos adultos, fueron obligados a salir de Trinidad y Tobago este domingo 22 de noviembre.
En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias sostiene que ese país violó la convención internacional de derechos de niños, niñas y adolescentes «que suscribió en 1991…y ese hecho obliga a Trinidad y Tobago a proteger a los niños independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio».
Bajo ese marco legal internacional irrespetado, una deportación «bajo las condiciones de inseguridad en la cual se realizó, la separación de sus familias, y los riesgos en alta mar, es gravísima y lamentable».
Dice llamarle la atención también el silencio, hasta los momentos, de las autoridades venezolanas ante este caso. Apunta que lo lógico era que la cancillería de nuestro país exigiera de forma inmediata respuesta, información «pero pareciera que anoche (lunes) las prioridades eran otras y no a situación de estos niños».
Agrega Trapani que el gobierno venezolano debió solicitar inmediatamente información de cuál fue el funcionario de Trinidad y Tobago que materializó la orden, quién dio la instrucción de deportarlos, ofrecer apoyo a las familias.
«Hay muchísimas acciones que desde el gobierno de Venezuela se han podido implementar pero al menos en lo público no trascendió ningún tipo de información».
La migración venezolana es forzada
Desde la organización que coordina, Centro Comunitario de Aprendizaje, exigen entender en qué contextos se da la migración venezolana. «La migración en Venezuela es forzosa, la gente no se va por turismo o por placer…esos niños no llegaron a Trinidad y Tobago para conocer la cultura…probablemente la mayoría de esos casos huyen de Venezuela producto de una insatisfacción de necesidades…y la migración es un mecanismo de supervivencia», apunta el activista.
Y al ser una migración forzada le corresponde al Estado receptor proteger a quienes llegan. «Tiene que partir del principio de no devolución…no puede haber deportación porque implica más riesgos para la persona, mucho más si son niños».
El defensor de derechos infantiles señala que el deber del gobierno trinitense era «proteger los derechos de los niños que llegaban, mucho más en su condición de migrantes».
Hasta los momentos no se maneja una data confiable sobre el número de niños y adolescentes migrantes venezolanos.
En horas de la noche de este lunes el diputado a la AN Omar González confirmó que los 16 menores de edad se encontraban sanos y salvos en la localidad de La Barra, en Delta Amacuro, en espera de que sean rescatados por las autoridades trinitenses.
