Espacio Público denuncia el cierre de 78 emisoras de radio

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Referencial

Todavía no ha cerrado el año 2022 y hasta el 6 de diciembre el gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro ha cerrado 78 emisoras de radio según la data de la ONG Espacio Público.

De acuerdo con Carlos Correa, director de Espacio Público, la cantidad de cierres de emisoras en el 2022 es el más alto que se ha registrado desde que llevan el conteo de las violaciones de la libertad de expresión desde al año 2001.

Es decir, es la primera vez en 21 años que el gobierno de Venezuela cierra 78 emisoras de radio en un año. Así superó lo que hizo el fallecido presidente Hugo Chávez en los momentos más álgidos.

De acuerdo con Espacio Público, el 2022 ya superó la data de años como 2017, cuando se reportaron 50 estaciones cerradas; o 2009, cuando se computaron 30.

Correa también informó que los cierres de emisoras de radios se debieron a órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Además, aseguró que todos los cierres son parte de una política sostenida y de largo plazo por parte del gobierno de Maduro con la que buscan afirmó, disminuir la presencia crítica de los medios de comunicación en el territorio nacional.

Los datos de Espacio Público

Según el boletín de Espacio Público sobre la actividad en el mes de noviembre, se reportaron al menos 33 presuntas violaciones de Derechos Humanos. Doce de estas violaciones están relacionadas con la libertad de expresión.

Quince medios fueron víctimas de este proceso llevado a cabo principalmente por el Estado, con el 62% de los casos documentados.

Los otros perjudicados son tres periodistas, dos particulares, un reportero gráfico y, en tres ocasiones, la propia ciudadanía. Ante este escenario, Espacio Público insta al gobierno a respetar el derecho a la comunicación.

También exige al Estado facilitar los medios de legalización de las emisoras de radios y realizar procedimientos de intervención transparentes.

En el contexto venezolano, los medios de comunicación son parte de un sector al que el Estado presiona, vigila y sanciona.