Desde la ong Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos, PROVEA, la actualización oral del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es una ratificación de la grave situación de esta dimensión en Venezuela.
Esta afirmación la sostiene Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión en la organización en conversación con Radio Fe y Alegría Noticias este viernes 25 de septiembre.
Apunta que en el informe de Bachellet se refleja que de enero a agosto de 2020 se han producido 2 mil ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y militares venezolanos.
Alvarado confirma que parte de esa información que le llegó al ACNUDH fue a través de un monitoreo de violencia policial y militar que lleva a cabo PROVEA en cada uno de los estados del país, y cuyas ediciones han sido publicadas en diversos medios nacionales e internacionales.
Otro de los capítulos que denunció la Alta Comisionada fue el de la detenciones de ciudadanos en contextos de protestas y manifestaciones públicas, fundamentalmente por reclamos de servicios públicos.
En otro apartado el activista en derechos humanos destaca la muerte de profesionales de la salud durante la pandemia, cuestión que aparece también en la actualización al señalar que de acuerdo a información de los gremios se contabiliza un 33 por ciento de fallecimientos a causa de la COVID-19. «Una cifra de las más altas del mundo», dice Alvarado.
En relación al reciente informe de la Misión independiente de expertos de la ONU, vituperado este jueves por el presidente de la república, Marino Alvarado expresa que la presentación del informe oral de Bachellet «lo que hace es confirmar el nivel de gravedad que la Misión reflejó en su informe».
Sobre la reacción de voceros del gobierno ante la denuncia de la Misión, Alvarado revela que «lo que hacían, dos días antes del informe de Bachellet, era querer contrastar lo que viene haciendo la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela con lo que hizo la Misión y alababan el trabajo de Bachellet».
Pero una vez conocida la actualización oral este viernes en la mañana de la Alta Comisionada «usted lo que consigue en las cuentas oficiales de Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza, por nombrar algunos, son ataques contra Michelle Bachelet».
En virtud de estas manifestaciones de rechazo oficial Alvarado concluye que «este gobierno no tiene disposición de rectificar».
Bajo este tenor se refiere al informe de la comisión de la verdad que fue presentado este jueves por sus cuatro integrantes, y señala que «estoy seguro que lo que contiene es un conjunto de planteamientos con los cuales se busca descalificar al sistema internacional de protección de derechos humanos».
Para el defensor de derechos humanos este es un historial que proviene desde la contra que le pusieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasando por la negativa de aceptar el informe de la Misión de determinación de los hechos y prosiguen ahora al descalificar, una vez más, a Michelle Bachellet.
«Este es un gobierno que no quiere que el sistema internacional de protección de derechos humanos conozca y difunda lo que sucede realmente en Venezuela porque saben, no solamente todas las atrocidades que están cometiendo, sino que existe una enorme impunidad en el país que favorece este tipo de hechos «, sentencia.
Para Alvarado lo que más debe preocuparnos como ciudadanos es que si no hay voluntad de rectificar «cualquiera de nosotros puede ser víctimas de la atrocidad policial».
Para ilustrar esta potencialidad describe hechos como salir a la calle para protestar porque no hay agua potable o gasolina. O que llegue un supuesto operativo de seguridad al barrio donde se vive y se le allane la vivienda y asesinen a alguien. O que transite por una carretera y lo paren en una alcabala y cualquier funcionario lo quiera agredir.
En otras palabras, los riesgos son muy altos tanto en cuanto las autoridades han demostrado que no quieren investigar ni sancionar estos abusos.
Pese a este panorama no cree que se ponga en peligro la presencia y el trabajo de los funcionarios de la Oficina del ACNUDH en Venezuela. «El gobierno necesita aparentar ante la comunidad internacional que tiene disposición de colaborar».
Sin embargo, revela que en la práctica las instituciones gubernamentales colaboran muy poco con este trabajo. «Son tres funcionarias del Alto Comisionado que se han convertido prácticamente en sustitutas de la Defensoría del Pueblo…que en este país, desafortunadamente pasó a ser un jarrón de adorno…no sirve en Venezuela para defender los derechos de los ciudadanos».
Remarca esta apreciación al señalar que las tres comisionadas del Alto Comisionado de la ONU procesan diversas denuncias como las que llegan por la realidad de las cárceles, violencia contra las mujeres, situación del personal de salud, y otros casos más.
Aspira que la Misión de la ONU permanezca en el país y guarda sus positivas expectativas para la próxima semana cuando el Consejo de Derechos Humanos tome una decisión sobre la renovación o no del mandato de la delegación de los 3 expertos.
Sostiene que las víctimas no solo merecen ser escuchadas sino también que desde la sociedad toda se presione y se investigue para que se sancione a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
Las recomendaciones
Marino Alvarado aconseja a cualquier persona que se sienta víctima de violación de derechos humanos que consigne la denuncia en la Defensoría del Pueblo «a pesar de pueda parecer contradictorio con lo que he dicho de esa institución pero es muy importante que quede el registro de que se hizo la denuncia y no investigaron».
En segundo lugar, si recurrir a alguna de las organizaciones de derechos humanos que funcionan en distintos estados del país para que les orienten en qué pueden seguir haciendo.
Una tercera recomendación que hace es animarse a denunciar públicamente y señalar a los presuntos responsables de esas violaciones.
