A finales de agosto más de la mitad de los 450 extrabajadores de la extinta Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua, cumplieron un mes sin cobrar sus salarios y ningún tipo de remuneración, producto, primero del congelamiento de las cuentas bancarias, y luego de la confiscación de la UCA.
Por otro lado, según mensaje divulgado a sus afiliados por el sindicato de trabajadores universitarios, la incertidumbre crece porque una vez instalada la Universidad Camilo Sotelo, en lugar de la expropiada, las nuevas autoridades rectorales no han informado si van a reintegrar a parte de los exempleados o si por el contrario les van a cancelar sus prestaciones sociales por los años trabajados.
“Las nuevas autoridades universitarias me manifestaron la tarde de hoy (miércoles 30 de agosto) que hay que esperar la finalización del proceso de transición y reorganización del trabajo. Cualquier avance se los haré saber únicamente por el grupo general de trabajadores”, dice uno de los mensajes enviado por el secretario general del sindicato David López a sus afiliados”, según reporta el portal Información Puntual.
Varios testimonios de algunos extrabajadores de la antigua UCA reflejan la gravedad de sus situaciones. Manifiestan que ya la despensa de alimentos se está agotando en sus casas. Otros declararon que no tienen otra fuente de ingresos porque su único trabajo era el de la universidad.
Estamos hablando de profesores, empleados administrativos, personal de mantenimiento y otros profesionales como investigadores, archivistas y bibliotecarios que quedaron a la deriva de forma intempestiva luego de las decisiones de confiscación de la universidad por el gobierno de Daniel Ortega.
Este viernes 1 de setiembre, el jesuita José Manuel Tojeira, vocero oficial de la Compañía de Jesús para el caso de Nicaragua, confesó en un foro organizado por la Conferencia de Provinciales, Cpal, que se realizó sobre esta situación que la Orden religiosa pudo subsanar algunas indemnizaciones a varios de los trabajadores que pidieron salir del país, al temer otras represalias gubernamentales.
Igualmente, reveló que tras la apertura de una página web para recibir peticiones de estudiantes en cuanto a la continuidad de sus estudios, ya habían 2000 mil solicitudes para estudiar en la UCA de El Salvador y 1000 más en la Landívar de Guatemala. Un número que Tojeira considera como muy importante.
El dato
Un sindicalista nicaragüense, quien pidió mantenerse en el anonimato, explicó que “el Código del Trabajo de Nicaragua establece las condiciones y formas de pago que debe cumplir el empleador para honrar sus compromisos adquiridos con las y los trabajadores y si es el Estado quien confisca bienes privados, debe hacerse responsable de los trabajadores afectados”.
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