Familiares de personas que habrían sido detenidas por razones políticas solicitan nulidad de actos ante el TSJ

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Familiares presos políticos TSJ
Foto: Tal Cual

Los familiares de aproximadamente 57 personas que estarían detenidas por razones políticas, según denuncias, introdujeron este jueves 3 de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí solicitaron la nulidad de los actos de los que se les acusa y el debido proceso a su derecho de defensa.

Entre los detenidos hay ocho menores de edad, entre La Guaira y Caracas, por temas poselectorales.

Marelis Ruiz, tía de uno de los detenidos de nombre Miguel, expresó que no se le está permitiendo la defensa de su sobrino, ya que solo se les permite defensores públicos.

En ese sentido, aseguró que los detenidos no tienen un defensor de confianza que lleve a cabo su caso y en la defensoría solo les informan que este es un “proceso largo” y que deben tener fe.

Ruiz dijo que su sobrino no estaba involucrado en este asunto ya que el joven se encontraba en su casa cuando fue detenido por funcionarios encapuchados. “Así hay muchos casos, muchachos que estaban en sus casas, en la calle o haciendo deporte fueron arrestados sin una orden de captura”, añadió.

También cuestionan al Ministerio Público

Díaz también cuestionó a la Fiscalía del Ministerio Público porque desde un principio no se ha presentado ninguna prueba que demuestre la participación de su sobrino en algún hecho ilegal, así como de los otros privados de libertad.

Por otra parte, Wendy Liendo, representante de Víctor Uzcátegui, quien también se encuentra arrestado, informó que en La Guaira el número de aprehendidos es de 49 ciudadanos. Liendo afirma que ya se estarían entregando las fechas de las audiencias preliminares de cada detenido.

Además, lamenta que en la cárcel de Tocuyito hay privados de libertad que están sufriendo depresión y presentan desnutrición. Asimismo, varios supuestamente han intentado suicidarse por el maltrato que están recibiendo.

“Después de 60 días, por fin el próximo martes entraremos a visitar a nuestros familiares. Lo que exigimos es la libertad de los muchachos y muchachas, ya que no dejan pasar nada ni hacen ejercicio”.

Liendo también asegura que los familiares de los aprehendidos llevarán prendas de vestir, alimentos y medicinas, aunque cuestiona que los funcionarios encargados de custodiar la cárcel no entregan los mandados a los privados de libertad en Tocuyito, Carabobo.

En Carabobo fueron pasados a juicio 7 adolescentes detenidos

En el estado Carabobo 7 adolescentes que fueron detenidos en manifestaciones postelectorales en la ciudad de Valencia fueron pasados a juicio ante el el Tribunal 2 con competencia en Terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo, reseña el diario Tal Cual.

Las edades de los aprehendidos oscilan entre los 15 y 17 años. Sus causas fueron tratadas vía electrónica. Se conoció que hasta la fecha, al menos 10 de los 68 adolescentes que permanecen detenidos por las protestas poselectorales han sido enviados a juicio por tribunales antiterrorismo. 

Familiares de la mayoría de los adolescentes detenidos aseguran que los muchachos fueron aprehendidos por funcionarios de seguridad sin razón aparente. Por ejemplo, a una de las chicas en Valencia se la llevaron cuando salía con su novio a comerse unos perros calientes, según lo refiere su madre Yenni Febles.

El fin de semana la ONG Encuentro, Justicia y Perdón lamentó que estos jóvenes sigan privados de libertad de manera injusta cuando ya deberían estar preparándose para iniciar el nuevo año escolar 2024-2025.

Sus familiares denuncian que hay irregularidad en el proceso, sobre todo los adolescentes que están detenidos en Valencia y que la ONG JEyP recibe denuncias de que a estos muchachos los presionan para que admitan hechos que no cometieron.

Por lo tanto, la organización alerta que cualquier declaración que se registre bajo coacción “está viciada de toda nulidad” y que además estos muchachos no tienen acceso a sus abogados.

Además de la violación al debido proceso, JEyP denuncia que a los jóvenes los amenazan y hostigan. Algunos sufren traumas psicológicos y tienen “episodios de estrés y ataques de pánico”, situación que produce angustias entre sus familiares.

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