Fiscalía acusa a Rocío San Miguel de “traición a la patria, conspiración y terrorismo”

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Foto: Cortesía

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la noche de este lunes 12 de febrero la acusación a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, por los presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros”.

Según Saab, esta decisión surge como resultado de las investigaciones preliminares relacionadas con una presunta “Trama Conspirativa” conocida como “Brazalete Blanco”. 

Privativa de libertad para Rocío San Miguel y su expareja

En un pronunciamiento publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el fiscal señaló que se solicitará “medida de privación judicial preventiva de libertad” para San Miguel ante el Tribunal 2° Contra Terrorismo.

Asimismo, Saab informó que se solicitará la misma medida para Alejandro Jose Gonzales De Canales Plaza, presuntamente implicado en la misma trama, por delitos relacionados con la revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Además de estos dos supuestos implicados, Saab mencionó que pedirán “medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa” para otros cuatro ciudadanos involucrados en las investigaciones, quienes son familiares de San Miguel.

ONG hablan de desaparición forzada según el derecho internacional

Rocío San Miguel cumplió este lunes 72 horas en desaparición forzada, luego de ser detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

También fueron detenidos su hija Miranda Díaz San Miguel, sus hermanos Miguel Ángel San Miguel y Alberto San Miguel Quigosos, el padre de su hija Víctor Díaz Paruta, y Alejandro González Canales.

Esta situación ha generado preocupación en el ámbito nacional e internacional debido a las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de las autoridades venezolanas.

Esto trajo el pronunciamiento de varios defensores de derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales como Provea, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de las Naciones Unidas; así como también de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que expuso que la detención de Rocío San Miguel “sigue una tendencia preocupante de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos”.

“Nos unimos a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos, a que se ponga fin a la detención de sus familiares inocentes y retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados”, señaló la Embajada.

Vale mencionar que según el derecho internacional, se considera detención forzada a la privación de libertad de una o más personas por parte del Estado, que implica también la negativa a informar sobre su paradero o destino, sustrayéndola a la protección de la ley. Se caracteriza por ser un acto secreto e ilegal que genera terror e impunidad, con graves consecuencias para las víctimas y sus familias. Las desapariciones forzadas son consideradas un crimen de lesa humanidad, lo que significa que son graves violaciones a los derechos humanos que no prescriben.

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