Carlos Lusverti, portavoz de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), dijo que la falta de incumplimiento de recomendaciones de órganos internacionales, en lo atinente a medidas de reformas integrales dentro del sistema de justicia venezolano, demuestra que el fortalecimiento institucional y el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela “siguen siendo un tema pendiente”.
El consultor jurídico para América Latina en la CIJ, dijo que las medidas que han sido tomadas por Venezuela, en lugar de contribuir al fortalecimiento institucional, lo que han hecho es seguir profundizando “su debilitamiento, su politización y en consecuencia su incapacidad de actuar para proteger los derechos de las personas en general y de los defensores y defensoras de derechos humanos en particular”.
“Las reformas integrales en la administración de justicia (..) en lugar de fortalecer institucionalmente la independencia e imparcialidad del sistema de justicia del Poder Judicial del Ministerio Público; por el contrario, a juicio de la Comisión Internacional de Juristas, lo que ha hecho es seguir debilitando su capacidad para poder combatir la impunidad, donde por ejemplo, defensores de derechos humanos han sido víctimas de ataques, actos de acoso y/o hostigamiento, o en otros casos ha sido el sistema judicial utilizado para acosar y hostigar defensores de derechos humanos”, señaló Lusverti este 28 de junio en una participación en el foro Situación del Espacio Cívico en Venezuela, organizado por Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de derechos humanos.
Aseguró esto basándose en la reciente reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la designación de nuevos magistrados que no cumplieron los “requisitos formales de la Constitución” e imparcialidad política. Además, en la destitución de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, “calificada como arbitraria por la CIJ”.
Al igual que la designación “irregular y sin el procedimiento adecuado por un organismo no facultado para ello” (como fue la Asamblea Nacional Constituyente) de Tarek William Saab como Fiscal de la República.
Sobre Saab, Lusverti señaló que “también tiene serios cuestionamientos respectos a su imparcialidad e independencia” y “emite opiniones anticipadas a través de redes sociales sobre la culpabilidad de determinados sujetos, en algunos casos relacionados con eventos de protestas”.
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