Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, informó que en Venezuela los servicios públicos con peor valoración por parte de los ciudadanos son el gas doméstico y el agua potable.
La conclusión viene de alrededor de 6 mil encuestas que la organización hizo en 8 ciudades del país desde el año 2018, para determinar cuál es la opinión de los venezolanos sobre los servicios públicos.
Cubas aseguró que el servicio eléctrico también ha sido valorado negativamente por los usuarios, que se quejan de fallas constantes en distintas regiones del país.
«La frecuencia de los apagones ha aumentado, sobre todo en el occidente del país, como Maracaibo, San Cristóbal y Barquisimeto», señaló.
Para Cubas, este servicio es el más importante pues sostiene de alguna manera la distribución de agua potable, las telecomunicaciones y el transporte masivo. Igualmente, los apagones tienden a generar problemas adicionales como alimentos dañados y electrodomésticos quemados.
«El 60% de los consultados durante los apagones de marzo y abril hablaron de esas tres dificultades: el daño a los alimentos, el daño a los electrodomésticos y la falta de agua potable», afirmó.
Además, los cortes eléctricos afectan incluso la movilidad de aquellas personas que viven y trabajan en edificios altos, sobre todo los adultos mayores.
Servicios subsidiados multiplican los costos
Julio Cubas también consideró que en un país con la percepción de que los servicios públicos son los más económicos, los costos asociados terminando multiplicando los costos de disfrutar de los mismos.
«El que tiene que pagar una cisterna de agua, la persona que paga bombonas de gas con sobreprecio, e incluso con moneda extranjera», fueron algunos de los costos asociados denunciados por los consultados.
Para el Observatorio, es fundamental formalizar las quejas y denuncias ante los prestadores de servicios y los organismos públicos dedicados a tal fin, como la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en el 60% de los casos los usuarios no concretan la denuncia, lo que impide solventar y hacer seguimiento de las fallas.
«Las personas no llegan a materializar esas denuncias, aludiendo a que sienten que las quejas no ayudan a que sean resueltos los problemas», concluyó.
