La Organización Internacional Human Rights Watch presentó este lunes 28 de marzo un informe que refleja los altos niveles de violencia registrados desde principios de este 2022 en la frontera de Apure con varios departamentos colombianos.
Señala el estudio que «los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia», lo que ha originado también la huida de miles de personas de sus hogares, de lado y lado.
Dentro de la cronología que HRW presenta destaca que los combates comenzaron el 1 de enero de 2022 con «los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente –una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure».
Entre algunos abusos que mencionan en la investigación destacan los de asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado, incluyendo comunidades indígenas del municipio Pedro Camejo de Apure.
En este apartado la organización denunció que supuestamente fuerzas de seguridad venezolanas, denunciadas a nivel internacional como autoras de crímenes de lesa humanidad, han «realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos.
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch , agregó que «los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”.
En el informe se describe que HRW visitó los ejes fronterizos que el estado venezolano Apure comparte con los departamentos Vichada y Arauca y entrevistó a más de 100 personas para verificar las denuncias y recopilar más datos.
«Los entrevistados incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de las personas que sufrieron o presenciaron abusos temían represalias y hablaron bajo condiciones de anonimato. Human Rights Watch también revisó otras fuentes, incluyendo publicaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y reportajes en medios de comunicación. El Ministerio de Defensa de Venezuela no respondió a una solicitud de información de Human Rights Watch», revela el estudio.
En ese sentido, la organización alerta que desde que comenzó el conflicto «al menos 3,860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3,300 personas han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada».
También exponen las denuncias de algunos familiares de víctimas de asesinatos selectivos por parte de las guerrillas del ELN y de las disidencias de las FARC.
