La organización Human Rights Watch publicó un segundo informe en el que lamenta que “Colombia y Panamá no están protegiendo a los migrantes” que atraviesan el tapón del Darién.
Los datos revelan que en 2023, más de un millón de personas transitaron por la selva que divide a Colombia y Panamá. Las autoridades del país centroamericano esperan una cifra récord para este 2024, según el informe.
El informe de Human Rights Watch (HRW) tiene 120 páginas y se titula Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el tapón del Darién. Es el segundo en una serie sobre migración a través de la selva del Darién.
Migrantes abandonados en la selva
Para hacer el informe, HRW visitó el tapón del Darién en cuatro ocasiones entre abril de 2022 y junio de 2023, detalla una publicación de prensa en su sitio web.
Durante este tiempo, entrevistó a casi 300 personas, incluyendo a migrantes y solicitantes de asilo, víctimas de graves abusos, trabajadores humanitarios y autoridades colombianas y panameñas.
“Entre enero de 2022 y marzo de 2024, los investigadores también realizaron entrevistas telefónicas y virtuales. También analizaron datos e informes de los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos; agencias de la ONU; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas. En repetidas ocasiones, enviaron solicitudes de información a las autoridades colombianas y panameñas, que en la mayoría de los casos respondieron”, dice el texto.
Los investigadores constataron en el terreno que en ambos lados de la frontera, “las autoridades no protegen eficazmente el derecho a la vida y a la integridad física de los migrantes y solicitantes de asilo en tránsito, ni investigan las violaciones a sus derechos de forma efectiva, rápida y exhaustiva”.
De igual forma, “los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud han resultado insuficientes”.
Violencia sexual
En el documento, HRW advierte de “constantes casos de violencia sexual normalmente no son investigados ni castigados. La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente debido a una combinación de recursos y personal limitados, la falta de una estrategia de investigación penal y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.
Puedes consultar más datos del informe de Human Rights Watch aquí.
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