La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana solicitó a las autoridades nacionales que se le otorguen medidas humanitarias por razones de salud a los 3 activistas de Fundaredes, privados de libertad desde julio de este año.
Por medio de un comunicado, la jerarquía de la Iglesia católica advierte que si bien se ha confirmado que Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona padecen de COVID-19, y que uno de ellos ha sido trasladado a un centro hospitalario, «los familiares desconocen con exactitud y se les ha negado información sobre su estado de salud».
En este caso específico señalan que los defensores de derechos humanos fueron detenidos sin orden judicial, en el marco de un procedimiento que se ejecutó dentro de una institución garante de los derechos humanos.
Igualmente reflejan que los hermanos Tarazona y García fueron aprehendidos por funcionarios de los organismos de seguridad que ellos mismos estaban denunciando.
También cuestionan que «las detenciones se han practicado en contra de activistas que defienden derechos humanos y realizan acciones de denuncia».
Por otro lado, la Comisión denuncia que otras personas privadas de libertad por motivos similares «se encontrarían en condiciones inadecuadas de detención. En el actual contexto de pandemia, esta situación pondría en mayor riesgo» la vida de estas personas.
