La ONG Acceso a la Justicia emitió un comunicado este miércoles 3 de febrero en el que saludan la visita de la relatora de la ONU, Alena Douhan, al país, pero desean que otros mecanismos de Naciones Unidas constaten en Venezuela la situación de los derechos humanos.
En el texto se lee que a pesar de que el gobierno venezolano se comprometió con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante su visita de junio de 2019, a invitar en el término de dos años a por lo menos diez mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo, solamente se ha concretado la visita del 1 al 12 de febrero de 2021 de la bielorrusa Alena Douhan.
«¿La razón? La visitante es la relatora sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos y su misión será: examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones (por parte de otros gobiernos contra funcionarios e instituciones venezolanas) obstaculiza la plena realización de los Derechos Humanos de las personas, y en qué medida», indica el documento.
Douhan adelantó a la prensa que se centrará en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los Derechos Humanos en Venezuela. Además, anunció que formularía recomendaciones a los funcionarios públicos sobre cómo podrían reducir el presunto impacto en la población.
La relatora se reunirá con funcionarios del Ejecutivo Nacional, diputados a la Asamblea Nacional, integrantes del Poder Judicial, representantes de la sociedad civil, líderes de la oposición, víctimas y sus familiares.
«La crisis no fue provocada por las sanciones»
De acuerdo con el documento, las autoridades venezolanas atribuyen la crisis económica y social que atraviesa el país a las sanciones que gobiernos, fundamentalmente Estados Unidos, le han impuesto desde que desconoció al Parlamento Electo en 2015 y buscó reemplazarlo con la disuelta Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
«No obstante, los datos de organismos nacionales e internacionales contradicen la versión oficial y advierten que la actual crisis no ha sido provocada por las sanciones, la mayoría de las cuales están dirigidas contra funcionarios acusados de violar los derechos humanos, atentar contra la democracia o estar incursos en hechos de corrupción», se lee en el informe.
También se hace referencia al estudio realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) el cual revela que, pese a que la crisis económica en Venezuela inició antes de las primeras sanciones que estableció Estados Unidos en 2017, estas medidas contribuyeron al deterioro profundo de la calidad de vida de los venezolanos.
«En ese documento se deja en claro que la causa de la dramática reducción del Producto Interior Bruto (PIB) que ha sufrido el país desde 2013 tiene dos causas: La reducción de la producción petrolera y la política de controles y estatizaciones impulsada por el chavismo», afirma la ONG.
«Si tomamos una foto de la situación económica de Venezuela para agosto de 2017 nos encontramos con una economía en plena recesión y con una inflación peligrosamente en aumento», se lee en el reporte, en el cual se recuerda que la recesión se inició en 2014 «catorce trimestres antes de las primeras sanciones de importancia».
Asimismo, en la investigación se señala que la producción petrolera no ha hecho más que caer, al pasar de 3,5 millones de barriles diarios en 1998 a 2,7 millones en 2014 y 2,1 millones al momento que se anunció la primera sanción económica.
