Marino Alvarado, coordinador de Investigación y Difusión de la ONG de derechos humanos PROVEA, ayudó a centrar el debate necesario, a través de Radio Fe y Alegría Noticias, en torno a lo que viene sucediendo últimamente en la zona fronteriza del Alto Apure, y ahora con la creación de una nueva Zona Militar de seguridad fronteriza.
El primer elemento que colocó sobre el tapete es el referido a que en Venezuela existe una Ley de Fronteras, vigente desde hace años, «que aborda el tema de las fronteras de manera integral porque no se le puede ver solo como un asunto de seguridad, con más presencia militar, sino que tiene un enfoque de desarrollo económico y desarrollo social».
Para Alvarado lo que ha ocurrido recientemente con estos enfrentamientos es resultado de «una deuda histórica de los distintos gobiernos porque estamos hablando que la presencia de guerrillas y grupos armados paramilitares en Venezuela tiene más de 40 años».
En este punto reiteró que cada vez que se suscita un incidente similar todos los gobiernos prometen un desarrollo económico y social de las fronteras «pero nunca cumplen, los campesinos siguen estando tan abandonados y pobres como hace 40 años, las escuelas, por ejemplo en Apure, siguen con enormes de deficiencias de hace 15 o 20 años».
En segundo lugar el activista apuntó el tema de evitar centrar el debate sobre la situación fronteriza «en la confrontación o solidaridad automática con el gobierno, en la medida en que se apruebe o se rehace de forma inmediata lo que el gobierno adopte nos lleva a una situación muy difícil que no permite la resolución del problema».
Considera que la iniciativa para esta reflexión la debe tomar el presidente Nicolás Maduro pero desde una lógica inclusiva «que se permita escuchar las distintas voces de la sociedad política y en general, porque eso permitirá precisamente definir las políticas que deben desarrollarse en la frontera».
Agregó que igualmente debe atenderse la situación de los derechos humanos en medio de estas circunstancias. En este aspecto echó un poco hacia atrás la memoria cuando recordó la sonada masacre de Cararabo, también en Apure, cuando en 1995 fueron asesinados 8 infantes de Marina. «Y ahora tenemos de septiembre de 2020 a la fecha 10 militares muertos en la frontera, es decir, otra situación de violencia y la respuesta tanto la que se dio hace 26 años y como la que se está dando ahora es que se afecta a la población civil».
En ese catálogo de violaciones de derechos humanos Alvarado mencionó las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, «y en este caso también hay que alzar la voz contra la grave violación de derechos humanos porque una Fuerza Armada que actúe violando derechos humanos y fuera de la Constitución se desprestigia».
El integrante de la ONG PROVEA aseguró que todos estos hechos se han venido documentando por parte varias organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y la sociedad civil. Incluso, se le ha suministrado información al equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, a la delegación de la Misión independiente de Determinación de los Hechos y a la Comisión Interamericana de la OEA.
Asimismo abogó por que «el pueblo venezolano tiene derecho de estar informado de lo que está pasando, se debe permitir el ingreso de los medios de comunicación, de las ONG de derechos humanos, de las iglesias». Por esto se preguntaba «cuál es el miedo a que se informe lo que está transcurriendo, a mayor transparencia, más credibilidad».
Lo que si reflejó como una de las grandes deficiencias en este asunto «es el silencio informativo de la Defensoría del Pueblo, debería estar en el terreno, recogiendo las declaraciones de los campesinos, cuyos familiares han sido detenidos arbitrariamente, que les allanaron sus viviendas y les robaron sus bienes, práctica común en Venezuela».
Marino Alvarado fustigó severamente al actual Defensor del Pueblo «que definitivamente se puso al margen del apoyo a las víctimas, y por compromisos ideológicos prefiere callar antes que alzar la voz y sobre todo garantizar la protección de gente muy humilde que está sufriendo en medio de un conflicto armado».
Igualmente cuestionó al Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López cuando minimizó en sus declaraciones de este lunes el número de desplazados hacia Arauquita, Colombia. «Le parece poco al Ministro que 3.500 personas hayan cruzado el río para refugiarse en Arauquita». También habló de un desplazamiento forzado interno «hacia Guasdualito, poblaciones de Barinas e incluso gente que se ha venido a Caracas».
No duda en decir que en La Victoria y zonas cercanas de esa frontera de Apure se ha producido una situación humanitaria que el gobierno «empieza por desconocer, y en ese sentido no va a adoptar las medidas adecuadas para afrontarla».
Y finalmente criticó la falta de diálogo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Dijo que este problema preocupa mucho a los activistas de derechos humanos de ambos países porque pudiera desatarse un enfrentamiento bélico.
Por esta razón, más de 300 organizaciones sociales de Venezuela y Colombia suscribieron una petición conjunta a la ONU para que se le encomiende a un enviado especial a la zona y propicie mecanismos de diálogo y entendimiento de ambos países para atender este delicado problema.
Aseveró que mientras existan acusaciones del gobierno de Colombia de que en Venezuela a la guerrilla y que el gobierno de nuestro país señale al de Iván Duque de albergar a grupos narcoterroristas «hay una población civil que está sufriendo en medio de este conflicto».
