Setenta y dos organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremialistas en Venezuela emitieron un comunicado conjunto, publicado el 31 de agosto, en el que hicieron un llamado al Estado para que garantice la “integridad de los procesos electorales futuros” y ponga fin a “la criminalización de las voces disidentes”.
El comunicado, difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), refleja la creciente preocupación de estas organizaciones por lo que describen como un aumento de la violencia e intimidación en el periodo previo a eventos electorales, como las primarias de la oposición programadas para el 22 de octubre de este año.
En el comunicado, las organizaciones hacen un llamado al Estado venezolano para que respete los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación y la participación política de la ciudadanía y los partidos políticos sin discriminación.
Limitaciones al espacio cívico
El grupo también expresa su preocupación por casos recientes, como la condena a 16 años de prisión impuesta a seis sindicalistas y las amenazas y/o agresiones contra candidatos en las elecciones internas de la oposición. Consideran que estos eventos buscan inhibir la participación en futuros procesos electorales.
Además, señalan las inhabilitaciones políticas sin sentencia definitiva y los actos de intimidación y hostigamiento contra sectores de la sociedad que buscan fomentar la participación política a través de elecciones primarias. También mencionan la intervención judicial en organizaciones civiles como la Cruz Roja Venezolana y partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela.
Según las organizaciones firmantes, estos eventos “limitan un proceso electoral auténtico, ajustado a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y restringen aún más el espacio cívico en el país”.
Finalmente, el comunicado refleja la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, y llama la atención sobre la necesidad de garantizar procesos electorales justos y libres en el futuro.
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