Al término de la Asamblea Plenaria del Episcopado, los obispos de Venezuela denunciaron a través de su acostumbrada exhortación pastoral a principios de año que en el país se sufren «las nefastas consecuencias de un modelo económico, impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que nos ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles».
Y en ese tono crítico «vemos a un grupo minoritario de venezolanos que se va enriqueciendo en detrimento de la mayoría de la población».
También fustigaron la implementación del llamado «Plan de la Patria» porque lo que se buscaría es la instauración de un estado comunal, socavando «la responsabilidad y la ética que emanan de ser gobierno, que debe promover el desarrollo, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos, y a no propiciar calamidades y ruina a la nación», por lo que consideran que los venezolanos se encuentran «en una gravísima situación».
Los prelados alertaron además el desconocimiento de las actuales autoridades venezolanas por la preservación y preeminencia de los derechos humanos en el país al mencionar los sendos informes de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y de la Misión independiente de determinación de los hechos, que exponen, ambos por separado, un «gran número de expedientes de torturas y asesinatos que señalan crímenes presuntamente cometidos por funcionarios del actual gobierno».
Encienden un alarma generalizada cuando señalan que es notorio cómo se ha deteriorado la calidad de vida, educación, salud, y servicios básicos; padecemos una inflación indetenible y una devaluación que ha empobrecido a toda la población. Todo esto ha llevado al aumento de la migración forzada, que en vez de ser protegida, es objeto de vejación por los agentes policiales y militares a lo largo del camino. Esta migración es la prueba más evidente del gran
fracaso de las políticas públicas (económicas y sociales) ejecutadas por el Gobierno.
Sobre los eventos políticos realizados en el mes de diciembre, elecciones parlamentarias y consulta popular, no dudaron en concluir que reflejaron «la dramática división del país».
Por un lado, califican la elección como un evento «plagado de serias irregularidades, poco concurrido y desconocido por un vasto sector internacional».
Ya habían adelantado en octubre pasado que “lejos de contribuir a la solución democrática
de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla y no ayudará a resolver los
verdaderos problemas del pueblo”. Tanto la escasa participación como sus resultados
no expresan el querer del pueblo, ni reflejan el pluralismo social».
Y con respecto a la instalación de la nueva Asamblea Nacional «que carece de fundamento democrático, en medio de un “revanchismo”, de una descalificación hacia líderes de la oposición, de amedrentamientos y amenazas de persecución, no ayuda a resolver los problemas del pueblo ni crea la confianza para la recuperación del país».
En este sentido, también repudian el hostigamiento hacia organizaciones sociales que se ha desatado en los últimos días lo que dificulta su contribución a la atención de problemas de las comunidades en materia de alimentación, salud, educación y en general, en la promoción de los derechos humanos.
Los obispos aseguran que el «el gobierno no puede solucionar todos los muchos problemas que sufrimos, mientras que las comunidades organizadas, con el apoyo de distintas instituciones sociales, pueden aportar pequeños, pero valiosos granitos de arena. No se puede politizar la ayuda humanitaria, pues todo el país sufre la terrible crisis que padecemos».
E hicieron un fuerte llamado a los liderazgos políticos del país al insistir que Venezuela necesita «un cambio radical en la conducción política, lo cual requiere por parte del Gobierno, la suficiente entereza, racionalidad y sentimiento de amor al país para detener este mar de sufrimiento del pueblo venezolano».
En otras palabras, la jerarquía eclesiástica venezolana le pide a los integrantes del gobierno un acto de valentía «por el bien del pueblo, especialmente de los más pobres».
