El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), presentó su informe semestral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela con especial énfasis en la región andina.
El documento que se dio a conocer este jueves 11 de noviembre, registra diferentes faltas cometidas por funcionarios e instancias que dependen del estado venezolano en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, entre los meses de mayo y septiembre de 2021.
Durante los seis meses de análisis de los hechos, el observatorio de la ULA identificó cuatro áreas centrales: administración de justicia e independencia judicial, represión y violencia por escasez de combustible, violaciones al derecho a la educación, la ciencia y la cultura y la administración del desastre producto de las lluvias en el Valle del Mocotíes.
En la presentación de este informe participaron Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA; Erickvaldo Márquez, ex preso político; Nelson Rivas, investigador del ODH-ULA; y Alejandro Gutiérrez, director del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los Andes (CDCHTA-ULA).
Justicia politizada y presos políticos
El ODH-ULA ha denunciado en este y anteriores informes la falta de autonomía e independencia del sistema de justicia en Venezuela, mostrando con evidencias patrones preconcebidos para la actuación de jueces y fiscales, quienes no solo obstaculizan el acceso a la justicia, sino que también cometen violaciones de los derechos humanos de víctimas y privados de libertad por razones políticas.
El año pasado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela documentó en su informe detenciones arbitrarias de personas por razones políticas, así como la actuación cómplice de jueces y fiscales en estos casos al permitir la impunidad y no hacer justicia.
En este 2021, esta misma Misión se refirió a los retardos procesales que prolongan la prisión preventiva y a la privación a los detenidos de su legítimo derecho a una defensa legal efectiva.
“Durante el período que cubre este informe hemos registrado cinco presos políticos solo en el estado Mérida, dos de ellos liberados recientemente: Erickvaldo Márquez y Daniel Briceño. Siguen ilegalmente detenidos Steven García, Marller González y Walter Mayorga, quienes están siendo representados por el equipo de abogados del ODH-ULA”, detalló Hocevar en su intervención.
Erickvaldo Márquez, ex preso político, también participó en la presentación de este informe y dio su testimonio sobre lo que vivió en prisión. Márquez fue detenido de manera arbitraria el 13 de septiembre de 2017, acusado falsamente de asesinar a un funcionario de la Gobernación de Mérida durante las protestas sociales de ese año.
Luego de numerosas irregularidades e injusticias cometidas en su caso, recibió libertad plena casi cuatro años después, el 29 de junio de este 2021.
“Fui sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como recibir una serie de golpes para admitir los hechos. Incluso, que me metieran desnudo en una celda con posibles violadores. Me detuvieron junto a presos comunes. Nos quitaban el agua, nos quitaban la luz. Nos robaban la comida (…) Sufría de asma, de alergia, de depresión”, describió quien pese a su privativa de libertad, no abandonó sus estudios y está próximo a graduarse de Licenciado en Educación Física en la Universidad de Los Andes (ULA).
Represión y violencia por falta de combustible
El 8 de junio de 2019 Wuilderman Paredes fue asesinado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes dispararon contra él y dos primos, Gerardo y Luis Paredes, en una cola de gasolina en el municipio Santos Marquina del estado Mérida.
Dos de los tres policías acusados de disparar salieron en libertad plena el 6 de abril de este año.
El ODH-ULA contabilizó entre 2019 y 2021 un total de 17 personas que fallecieron mientras hacían largas colas de gasolina en distintos estados de Venezuela. Otras cinco fueron asesinadas y cuatro heridas por funcionarios de la fuerza pública.
Desde que comenzó la cuarentena por COVID-19 en Venezuela y hasta el 21 de agosto de 2021, el ODH-ULA documentó 16 denuncias sobre restricciones y maltratos al personal de salud en la región andina para acceder a gasolina.
Así mismo, en mayo de este año agricultores de Mérida permanecieron 28 días en una cola de gasolina en Timotes. La producción de hortalizas disminuyó en al menos 25.000 toneladas durante los meses de abril y mayo por la falta de combustible.
Universidades en ruinas
En el período de mayo-agosto de 2021, la organización registró 52 incidentes de inseguridad en nueve universidades públicas en Venezuela, que incluyen robos, hurtos, actos de vandalismo e intentos de invasión.
Desde el inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19 y hasta agosto de este año, un total de 347 incidentes de inseguridad han ocurrido en 16 universidades públicas del país.
Alejandro Gutiérrez, profesor de la ULA de esta universidad, detalló en la presentación del informe cómo la falta de presupuesto ha incidido en la baja productividad de la investigación académica.
Una muestra de ello ha sido la considerable disminución de publicaciones de profesores universitarios venezolanos en revistas científicas de alto impacto. De 2.400 publicaciones alcanzadas en 2009 en revistas del índice Scopus, en 2018 la cifra se redujo a 1.537. Venezuela y Cuba son los países de América Latina y El Caribe con crecimiento negativo en este índice entre 2008 y 2018.
Al respecto el ODH-ULA detalla en su informe que “se ha interrumpido la continuidad de compra de las colecciones científicas periódicas desde 2010, también se ha suspendido la suscripción a bases de datos especializadas y la adquisición de libros desde el 2012, además de la desactualización de su plataforma tecnológica por los continuos robos y obsolescencia de equipos”.
La falta de inversión en las universidades venezolanas por parte del Estado constituye una violación del derecho humano a la ciencia y la tecnología, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
Emergencia en el Valle del Mocotíes
La parte final de este informe está dedicada a las actuaciones arbitrarias cometidas por funcionarios públicos durante la emergencia ocurrida en la zona del Valle del Mocotíes de Mérida, a causa de los deslaves y derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias que cayeron entre la noche del lunes 23 y la madrugada del 24 de agosto de 2021.
Reportes de Protección Civil del estado Mérida contabilizaron un total de 21 personas fallecidas: 13 en el municipio Tovar, 2 en Antonio Pinto Salinas y 4 en Sucre, además de otras 2personas que hasta ese momento no habían sido identificadas.
Además, 657 viviendas resultaron con daños parciales o totales en el municipio Tovar, el más afectado por esta emergencia.
El ODH-ULA registró denuncias sobre limitaciones e incluso desvíos de ayuda humanitaria llevada a la zona afectada, acciones arbitrarias ejecutadas por funcionarios militares y policiales, así como por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El domingo 29 de agosto el Obispo Auxiliar de Mérida, Monseñor Luis Enrique Rojas, fue hostigado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes intentaron impedir la entrega de donaciones recolectadas por la organización Cáritas Venezuela.
Dos días antes, militares dispuestos en la alcabala de la hacienda La Victoria impidieron el paso de ayuda humanitaria y de medios de comunicación social por más de cinco horas.
Con información del Observatorio Derechos Humanos ULA
