El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció recientemente que varias mujeres privadas de libertad fueron castigadas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), porque presuntamente se les halló teléfonos celulares.
Más organizaciones siguen advirtiendo que las condiciones de los detenidos en centros penitenciarios de Venezuela siguen siendo precarias.
Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, denunció este lunes 4 de abril a través de Radio Fe y Alegría Noticias que las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los privados de libertad en el país son precarias y viola sus derechos humanos. El activista advierte de hacinamiento y hambre.
El pasado 21 de junio de 2021, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la retoma para la aplicación del “Plan Cayapa Judicial”, una iniciativa del Estado venezolano que inició en el 2012.
Para su relanzamiento el año pasado, esta iniciativa debía concretarse en 90 días, recuerda Carlos Nieto Palma, sin embargo, a su juicio, no ha tenido el impacto esperado.
El activista denunció que persisten los casos de hacinamiento y la falta de comida, que ha derivado en infecciones por tuberculosis. La alimentación es el servicio elemental con el que no cuentan las cárceles del país, por lo que familiares deben cargar con esta responsabilidad.
Dualidad penitenciaria y espacios sin condiciones
Carlos Nieto Palma cuestiona que existe una dualidad institucional en el sistema penitenciario venezolano. Uno, el que se administra en las cárceles tradicionales del país, y la nueva modalidad de incorporar a los privados de libertad en comandos de las policías, e incluso militares.
Según el coordinador de Una Ventana a la Libertad, unas 60 mil personas están en estos sitios donde las condiciones no son las recomendadas para atenderlas.
Sobre la apertura de una oficina permanente de la Corte Penal Internacional en Venezuela aspira que esta pueda tener los mecanismos para trabajar los casos inherentes a los privados de libertad en las cárceles, ya que, insiste, “es grave en todos los niveles”. Refirió que existen retardos procesales, además de condiciones precarias a las que el Estado “no ha prestado atención”.
