Un nuevo informe de Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) advierte que las decisiones del gobierno colombiano, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la reducción de la cooperación internacional han dejado sin protección a los migrantes venezolanos en dicho país.
El documento titulado “Petro y el limbo migrante: Situación de derechos humanos de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia” se publicó este martes, un día después del atentado contra el activista LGBTIQ+ Yendri Velásquez y el politólogo Luis Peche, a quienes les dispararon 12 veces al salir de una residencia en Bogotá.
En entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Oscar Murillo, periodista, docente y coordinador de Provea, señaló que desde hace más de un año han observado un progresivo desmantelamiento de la protección especial para migrantes venezolanos y solicitantes de refugio, incluyendo el cierre de mecanismos como la gerencia de frontera y el registro permanente.
Nuevo perfil migrante requiere protección especial
Explicó que el perfil del migrante venezolano actual es diferente al de años anteriores, que buscaba refugio principalmente por la crisis económica y social.
En esta oportunidad, señaló que la mayoría de quienes llegaron al país vecino lo hicieron por persecución política tras el recrudecimiento de la represión después del 28 de julio de 2024, por lo que requieren protección internacional especial.
A su juicio, la administración de Gustavo Petro no ha ajustado las políticas migratorias para atender esta nueva realidad.
Más de 400.000 venezolanos desprotegidos
El periodista destacó que muchos activistas y defensores de derechos humanos permanecen en Colombia más de 90 o 180 días sin visa, lo que impide su integración social y económica, acceso a empleo formal y seguro médico.
Sobre el caso de Yendri Velásquez, mencionó que sus costos para su recuperación fueron cubiertos por una organización internacional, ya que no contaba con licencia de trabajo ni acceso a la Seguridad Social, situación que afecta también a más de 400.000 venezolanos.
Recomendaciones
En este sentido, subrayó la necesidad de activar el registro único de migrantes venezolanos, revisar las políticas de solicitud de refugio y brindar un trato diferenciado a quienes huyen por motivos políticos, además de garantizar recursos internacionales para atender la crisis migratoria de manera urgente.
“Si esta situación no se regulariza, evidentemente va a haber una dificultad para que esa persona se integre socialmente y económicamente a la sociedad colombiana”, advirtió.
Concluyó enfatizando que la combinación de desprotección estatal, limbo jurídico y reducción de cooperación internacional expone a los migrantes a riesgos graves.
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