La investigación que realiza el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado Venezolano va lenta y las víctimas se preguntan por qué, qué pasa que no avanza la investigación de Karim Khan.
En los últimos días, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la propia CPI cuestionó la falta de resultados en el proceso de investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos venezolanas.
A través de un escrito, el pasado 22 de noviembre, la oficina pública advirtió que “las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos”.
“Muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, sintiendo que el fiscal no ha dado a la difícil situación (de Venezuela) la misma prioridad que a otras situaciones donde las investigaciones han avanzado más rápidamente y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de arresto. Se preguntan por qué los crímenes y el sufrimiento que han padecido parecen ser tratados con menos urgencia en comparación con los que afectan a las víctimas en otros contextos”, se lee el documento.
Recusación contra el fiscal Karim Khan
El pasado mes de septiembre, la fundación Arcadia presentó una solicitud de recusación inmediata contra el fiscal Karim Khan por presunto conflicto de intereses.
Según el escrito, la abogada de Nicolás Maduro ante la CPI tiene un vinculo familiar con el fiscal Khan y por tanto, esta relación afecta la imparcialidad de la investigación, asegura la ONG.
La solicitud formal de recusación e inmediata contra el fiscal Karim Asad Ahmad Khan en el caso El Fiscal vs. Nicolás Maduro Moros (Venezuela I), la firmó Robert Carmona-Borjas, CEO y cofundador, y José Vicente Carrasquero A., director de Estrategias de Resolución de Conflictos.
El conflicto de intereses derivado de la relación familiar entre el fiscal Karim Khan y Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Nicolás Maduro en este mismo caso. El vínculo, revelado recientemente por fuentes de alta credibilidad, como The Washington Post, genera preocupaciones sobre la imparcialidad requerida en las funciones del fiscal, como lo estipula el Estatuto de Roma, documento rector de la Corte Penal Internacional.
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