Saab rechazó y calificó de «panfleto» informe de la la ONU sobre Venezuela

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Foto: referencial.

El fiscal general designado por la disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, rechazó este viernes 17 de septiembre el segundo informe realizado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela.

La Misión publicó este jueves un nuevo informe en el que supuestamente el sistema de justicia venezolano contribuye a «la violación de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado».

Este informe de la ONU fue criticado duramente por Saab, quien a su vez lo calificó como «panfleto» y que a su juicio ataca el sistema de justicia del país «ofendiendo a jueces y fiscales que arriesgamos, en medio de una circunstancia de asedio a nuestro país, no solo la integridad física, sino también exponemos de forma clara cómo deben hacerse las cosas, no solo en temas de derechos humanos, sino en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada», declaró.

También expresó que siempre que el país avanza hacia el diálogo y la resolución de diferencias a través del voto, aparecen grupos para intentar «mancillar» a los funcionarios venezolanos.

Presunto financiamiento del Grupo de Lima

El fiscal además acusó a la Misión de presuntamente recibir financiamiento del Grupo de Lima

Según Saab, los 12 países que integran el Grupo de Lima destinaron 5 millones de dólares para el pago de los tres investigadores.

«Esta misión ad hoc, pagada por el Grupo de Lima, sigue ofendiendo la institucionalidad democrática. En momentos en los que el país avanza hacia un diálogo fecundo, aparecen este tipo de pseudoinformes para ofender y mancillar el trabajo de todos los funcionarios y miembros del sistema de justicia», expresó Saab.

La Misión Internacional Independiente de la ONU está compuesta por un grupo de expertos especializados en derechos humanos. Entre sus miembros está Marta Valiñas, quien fue integrante del equipo de investigación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Francisco Cox y Patricia Tappatá.