Carlos Guaita, abogado defensor de los adultos mayores excarcelados bajo régimen de presentación William Echarry, de 70 años de edad, y Rafael Blanco de 66 años de edad, aseguró que no les encontraron la pancarta para apoyar el referendo revocatorio.
En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias Guaita declaró que tanto a Echarry como a Blanco les fueron imputados los delitos de instigación al odio y agavillamiento al portar una pancarta que instaba a apoyar el referendo revocatorio al mandato presidencial de Nicolás Maduro en Macuto, estado La Guaira.
«Al final la presión tanto en Venezuela como internacional, el malestar que se generó por la detención de dos personas de la tercera edad que no estaban haciendo nada que podría considerarse un delito trajo como consecuencia la medida que hoy en día los tiene a ellos en sus casas», expresó Guaita.
Indicó que los integrantes del equipo de la defensa de los adultos mayores no están satisfechos porque afirman que a Echarry y Blanco les corresponde una libertad sin restricciones, aunque consideran que el régimen de presentación «por lo menos» les permitirá continuar el proceso en libertad de hecho.
Presume que los funcionarios que detuvieron a Echarry y Blanco estaban en búsqueda de «un premio» y fue cuando observaron a unas personas colocando una pancarta.
«Quizás los funcionarios interpretaron que (la pancarta) era alusiva a la exigencia de los derechos de los ciudadanos. Tal vez pensaron ‘vamos a ponerlos en prisión’ y que esto iba a generarles algún mérito, lo que tal vez falló en este cálculo de quienes quizás pensaron así es que la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al Gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y lejos de beneficiar al Gobierno, la detención de Echarry y Blanco lo que hizo fue colocar un pie más en la balanza contra Venezuela en la CPI», sostuvo Guaita.
Agregó que en todo caso de que a estos adultos mayores se les habría conseguido tal pancarta y llevados a prisión por ello constituiría una violación de los derechos humanos debido a que la protesta pacífica está consagrada en la Constitución nacional, entonces «no puede calificarse como delito reclamar el ejercicio de los derechos de las personas».
