Sociedad Interamericana de Prensa denuncia «embargo político» a El Nacional

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente, Jorge Canahuati, aseguró que «el embargo político contra el diario El Nacional de Venezuela quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas».

En un comunicado reseñaron las declaraciones del segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien interpuso la demanda contra el medio. En ellas, Cabello aseguró «nosotros venceremos» horas luego de conocerse la noticia del embargo.

Ante esto, Canahuati manifestó que «es evidencia de que estamos frente a un embargo de carácter político para terminar de censurar una de las pocas voces independientes que quedan en el país».

«Es hora de que la comunidad internacional deje de mirar para otro lado y entienda que sin periodismo independiente hay poca esperanza de recuperar la democracia en Venezuela», añadió.

Igualmente agregó que ningún gobierno ni entidad intergubernamental internacional puede quedar callados «ante este abuso contra la democracia. El régimen de Nicolás Maduro debe sufrir las consecuencias por esta acción política en contra del periodismo libre e independiente».

Un Tribunal de Caracas ejecutó la orden de embargo a la sede del diario El Nacional al final de la tarde de este viernes 14 de mayo.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a El Nacional cancelar un total de 237 mil petros a Cabello, que equivalen a casi 14 millones de dólares, luego de que éste los demandara en 2015 tras haber compartido un reportaje del diario español ABC en el que lo señalaron de estar vinculado con narcotráfico.

En el más reciente informe semestral de libertad de prensa sobre Venezuela, la SIP advirtió que «sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente».

«El régimen de Venezuela intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas; cerró ocho emisoras, y las páginas digitales de los medios sufren bloqueos discrecionales y se dispone a aprobar una ley para regular las redes sociales», relata el informe.