«Tomar una foto o hacer un video no constituye delito»

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Archivo web

El periodista Andrés Cañizales alerta que en Venezuela se ha instaurado una situación bastante grave en referencia a la conducta que funcionarios de organismos policiales, estatales y gubernamentales han tenido hacia los ciudadanos que reclaman o demandan el cumplimiento de un servicio público o la garantía de algún derecho fundamental.

En el caso del ciudadano que fue detenido a la fuerza en Maracaibo por efectivos de la GNB en una estación de servicio porque grababa con su teléfono celular a otra persona que estaba en el sitio. Cañizales señala tajantemente que «tomar una foto o hacer un video no constituye delito».

Remarca que no hay nada legal que prohíba tales acciones. En la situación citada remarca además lo grave «de que hasta le exigieron que revelara la clave de su teléfono».

También repudia que al marabino le hayan provocado maltratos en sus manos.

En ese marco de reflexión el comunicador social advierte que en el país se ha llegado a una situación en «donde nadie puede protestar porque de inmediato viene la represión». Situación que califica como un clima generalizado de amedrentamiento.

En ese sentido, hace un llamado de atención para esto no se convierta en «algo» normal.

En relación a cómo se vive en Venezuela esta cuarentena social como medida de protección ante el COVID-19, Cañizales enuncia que en nuestro se da una condición particular. Es la referida a la deficiencia de servicios básicos como gasolina, agua potable, electricidad y conectividad.

En contraste coloca ejemplos de otros países «donde se aplica la medida de la cuarentena pero con servicios garantizados». Y justo en estos otros lugares cuando uno de esos servicios falla «la gente tiene derecho a la protesta, a manifestar pacíficamente sin temor a consecuencias».

Junto al caso de Venezuela Cañizales le suma los otros de Cuba y Nicaragua de América Latina.

No al reino del olvido y de la injusticia

Advierte que para que se preserve el Estado de Derecho para todos los ciudadanos deben actuar como garantes el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

El también conductor y productor del programa En Este País de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Noticias rechaza que luego de 3 días de la masacre en el centro penitenciario de Guanare con el saldo trágico de 47 internos muertos y más de 70 heridos «no es posible que no haya habido todavía un pronunciamiento ni por parte de la Fiscalía General de la República ni de la Defensoría del Pueblo».

Para el periodista «es como si no hubiese ocurrido nada».

No duda en calificar estos hechos como señal de una crisis generalizada de los derechos humanos en el país. A este cuadro añade que «la misma Susana Rafalli subraya que los cuerpos de los privados de libertad muertos mostraban signos visibles de desnutrición».

Situaciones como las que sucedieron en este penal son para uno de los 10 candidatos a ser Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH «pueden quedar en el olvido…y eso es muy grave…porque podemos llegar al reino de la injusticia y al sálvese quien pueda».

Otros focos para ponerle la lupa

Dentro de los focos de atención que sugiere tener presente para la defensa del derecho a la libertad de expresión, y en definitiva al derecho fundamental de la vida, apunta que no puede perderse de vista la violencia que contra periodistas tiene un alto nivel en países como México y de Centroamérica. A Venezuela lo incluye también en este grupo sobre todo por las acciones de hostigamiento, detenciones y procesamientos por vía de la justicia penal.

Y otro de los temas a considerar dentro de la Relatoría es la conducta hostil que algunos gobernantes latinoamericanos como los presidentes de Brasil y México tienen hacia los periodistas y medios de comunicación.