La Unión Europea (UE) consideró este lunes que la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua de sacar del proceso de elecciones a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), dificulta la posibilidad de unas elecciones legítimas y creíbles.
El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en un comunicado que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, «quieren ganar las elecciones sin competencia», reseña la agencia EFE.
«Su decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre, destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble», señaló.
La UE considera que «la oposición ha sido eliminada» y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto «en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de conformidad con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos».
«El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo deben detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo», señala el comunicado.
Detenciones e inhabilitaciones
La UE instó además a las autoridades nicaragüenses a «liberar a todos los presos políticos, reintegrar partidos políticos, derogar leyes restrictivas y permitir unas elecciones libres y justas con el objetivo de reconciliación y solución democrática».
El pasado 2 de agosto la UE impuso sanciones a ocho personas más en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua e incluyó en ese grupo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
El régimen de sanciones contra Nicaragua se adoptó primero en octubre de 2019, después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil.
El 4 de mayo de 2020 el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
Fuente: EFE
