Los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes 27 de noviembre relajar algunas sanciones a unos 10 países, entre ellos Venezuela, con el fin de facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a la ayuda humanitaria que se envía a cada una de esas naciones en situaciones de crisis.
De acuerdo con Europa Press, el Consejo Europeo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue y en el marco específico contra ciberataques.
Esto permite a las organizaciones y agencias poder hacer transacciones con personas o entidades que están en la lista de sancionados si lo que se persigue es que llegue la ayuda a las zonas que lo necesiten.
El grupo revisará “periódicamente” las excepciones acordadas para evaluar su adecuación y actuar para reajustarlas en el futuro si fuera necesario.
La UE considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque -en línea con Naciones Unidas u otros socios internacionales- salvaguarda la acción humanitaria ofrecida por actores “imparciales”.
Además, defiende que con esta decisión se envía un claro mensaje a los operadores humanitarios y actores económicos respecto a que la política de sanciones comunitarias “no obstaculizará” la prestación de asistencia humanitaria.
Esta nueva medida fue sorpresiva, al menos en el ámbito de la sociedad venezolana, luego de que la UE anunciara el 13 de noviembre que había extendido las sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela por seis meses más.
El documento señalaba que el “Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2063” para tomar la decisión de que “las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo de 2024”.
En aquel momento, el canciller de Venezuela, Yvan Gil, publicó un comunicado en nombre del Gobierno venezolano para rechazar la prórroga de las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos por seis meses más.
Según Gil, esta decisión fue “arrogante e ilícita” y “les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y trasgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas”.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, descartó que la UE pueda participar como observador electoral en Venezuela en las presidenciales de 2024, convenidas en el acuerdo de Barbados, hasta que no levante las sanciones económicas.
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