La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que aceptó el recurso de amparo introducido ante esta instancia por parte del presidente, Nicolás Maduro, y este viernes formalizó la notificación del recurso de amparo a los excandidatos presidenciales.
No obstante, en un documento leído en el inicio del acto, el TSJ solicitó todos los elementos probatorios que posean los excandidatos para respaldar sus denuncias.
Todos los excandidatos fueron enfáticos en exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación de las actas y la realización de un conteo para que por fin haya credibilidad y confianza.
A juicio de los candidatos no hay otra forma de garantizar la transparencia, credibilidad y confianza que sea distinta a la publicación de las actas de totalización mesa por mesa.
«Que el CNE no se esconda bajo las togas de los magistrados»
El único excandidato que no firmó la adhesión a este recurso contencioso fue Enrique Márquez. Cuestionó el acto y advirtió que ojalá el CNE no «se esconda bajo las togas de los magistrados» a propósito de la todavía no presentación pública de las actas en cuestión y la remisión de los asuntos electorales al Tribunal Supremo de Justicia.
El también exrector del CNE se mostró inconforme y adujo no haber sido informado de las razones reales de la convocatoria de esta asamblea por parte del máximo tribunal de la república.
A este acto no acudió el excandidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, el candidato opositor con mayor fuerza que ocupó el segundo lugar según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
100 % de las actas serán entregadas al TSJ
El presidente Nicolás Maduro Moros informó que poseen el 100 % de las actas electorales y serán entregados al Tribunal Supremo de Justicia.
De esta manera hizo notar que el CNE no publicará en ninguna circunstancia las actas tal como lo exigen la sociedad venezolana y la comunidad internacional.
Por lo contrario, remite al TSJ toda la responsabilidad concerniente a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Esta maniobra prevé que el Gobierno se apertrecha en el máximo tribunal para huir de la obligación de publicar las actas y asegurar su continuidad por la vía del TSJ.
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