Este miércoles 30 de abril un panel de expertos de derechos humanos de la Organización de Naciones (ONU) manifestó una gran preocupación y alarma por las condiciones llenas de ilegalidad de las deportaciones de migrantes venezolanos que practicó Estados Unidos hacia El Salvador en febrero.
En un informe que se compartió a los medios de comunicación, el grupo señala que en el caso de los 250 hombres venezolanos y salvadoreños trasladados desde el país del norte a una cárcel de máxima seguridad de la nación centroamericana se aplicó, incorrectamente, la llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por el gobierno de Donald Trump para justificar las redadas y deportaciones de migrantes que considera se encuentran en situación ilegal.
Añaden que en muchos casos no se produjo “la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos. La falta del debido proceso resultó en deportaciones arbitrarias de muchas personas que, según se informa, no estaban involucradas con las pandillas”.
Los expertos también dieron a conocer su cuestionamiento al gobierno estadounidense.
“Instamos encarecidamente al Gobierno de Estados Unidos a que deje de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros o cualquier otra ley para deportar sumariamente a personas. Cualquier deportación debe llevarse a cabo bajo la ley de inmigración regular y de acuerdo con el derecho internacional, incluyendo el principio del non refoulement, debido proceso, garantías judiciales y recursos efectivos», dijeron los expertos. «Las deportaciones deben cesar hasta que se respeten estas garantías legales internacionales”.
Un campanazo también para el gobierno de El Salvador
En ese tenor, los especialistas en el ámbito de la protección de los derechos humanos para las personas migrantes y refugiadas exponen también que “la naturaleza sumaria de las decisiones fue claramente inadecuada para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador”.
En otra parte del pronunciamiento también cargaron contra el gobierno de Nayib Bukele al aseverar que recibieron denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas. Las condiciones carcelarias serían presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales, con las personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada.
Por estas razones, le hicieron un llamado al gobierno salvadoreño para que permita el acceso inmediato y sin restricciones a los delegados de los organismos de monitoreo independiente con el fin de verificar las condiciones en las cuales se encuentran los privados de libertad en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Igualmente, advierten que se evidencia una falta de claridad en las bases jurídicas que sustentan la detención de los deportados en El Salvador y por la falta de recursos efectivos, incluidas las dificultades para acceder a representación legal, visitas familiares, acceso consular y revisión judicial. Por ello, exigen la garantía de estos derechos fundamentales.
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