Desde diversos sectores, tanto del país como de la comunidad internacional, se ha estado insistiendo en la necesidad de diferir las elecciones de la Asamblea Nacional, previstas para el 6 de diciembre, por razones de distinta naturaleza.
En primer lugar, están los argumentos de carácter político, que plantean la necesidad de prorrogar la realización de la elección, de manera de dar oportunidad a que se alcancen acuerdos para que su celebración ofrezca garantías a todas las partes interesadas en participar de que será un evento equitativo y transparente, que merezca el reconocimiento de todos los sectores políticos.
En esta óptica se inscribe la declaración formulada por dirigentes políticos nacionales y por el Canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y voceros de algunos gobiernos europeos, quienes desde hace tiempo han mantenido contacto tanto con el gobierno como con sectores opositores, dando indudables muestras de interés en contribuir con la solución de nuestra compleja situación política.
En segundo término, están las advertencias hechas por instituciones y especialistas, vinculados al seguimiento de los problemas de salud por los que atraviesa el país y por sectores de la sociedad civil, en relación con la pandemia del SARS-CoV2. En ellas se señala el elevado riesgo al que se sometería a todos los participantes en el evento electoral previsto, dados los pronósticos de incremento sustancial de la tasa de infectados para la fecha de la elección, que han difundido instituciones de reconocida solvencia en la materia. Baste mencionar la estimación de la propagación de la pandemia dada por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) para los últimos tres meses del año, según la cual podríamos llegar hasta a 14.000 infecciones por día.
En la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE) creemos que tratándose de la elección de la Asamblea Nacional, uno de los poderes públicos de mayor importancia del país por su carácter de representante más directo de los electores, debe ser una preocupación central de las autoridades electorales lograr la participación del mayor número posible de votantes.
Para ello es menester que el Consejo Nacional Electoral preste atención y pondere con ecuanimidad, las opiniones esgrimidas en torno a la realización de esta elección y ejerza el poder que constitucionalmente le compete exclusivamente a ese organismo, para tomar la decisión que mejor corresponda a los intereses de la nación.
El país está urgido de medidas sensatas que le permitan restablecer la convivencia entre la ciudadanía, mediante la incorporación de prácticas civilizadas para la superación de las diferencias. La diligencia con la que el CNE responda a la apremiante solicitud de postergación de la elección de la AN sería una valiosa contribución al restablecimiento de la concordia entre los venezolanos.
Por la Red de Observación Electoral – Asamblea de Educación
