Este miércoles 30 de diciembre un grupo de diputados recientemente electos el pasado 6 a la AN, José Gregorio Correa, Oscar Ronderos (ex Primero Justicia) y Ezequiel Pérez Roa (de la tendencia de Bernabé Gutiérrez en AD), introdujo un recurso de amparo ante el máximo tribunal del país demandando la nulidad de la reforma del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia, aprobado por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
Pues, en menos de tres horas los magistrados de la Sala Constitucional decidieron no solo admitir la causa sino que además dictaminaron que dicha reforma es nula de toda nulidad.
Los tres diputados citados previamente se habían reunido con el presidente del TSJ Mikel Moreno para entregar la solicitud.
Con ponencia del magistrado Juan José Mendoza, numerada con el 0274, la sentencia reza que «se declara la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la presunta “Reforma Parcial del Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” de fecha 26 de diciembre de 2020, emanado de un grupo de diputados a la Asamblea Nacional, en usurpación de su Junta Directiva y simulando una sesión de dicho órgano, por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Pero la actuación de los máximos jueces de la república no solo se circunscribe a este fallo sino que también ordenan al Ministerio Público investigar profundamente tales acciones de los parlamentarios citados por «la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley”.
Además se ratifica que cualquier actuación de la AN actual y de cualquier órgano o individuo en contra de la sentencia, “será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de las responsabilidades a que hubiere lugar”.
Igualmente los integrantes de la Sala Constitucional advierten que desconocer, individual o colectivamente, el acto de las elecciones del 6 de diciembre constituye el rompimiento del orden constitucional de la República.
En la sentencia de Mendoza también califican de usurpadores (léase Guaidó y compañía) a quienes hoy en día dicen ostentar el cargo de junta directiva del parlamento.
Igualmente exigen a la Contraloría General de la República con el auxilio de los órganos y entes del Estado y de las personas naturales y jurídicas privadas que estime necesarias, evaluar, determinar y cuantificar los daños materiales, patrimoniales causados al patrimonio público, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por el Parlamento que, ratifica, finaliza su período el día 04 de enero de 2021.
En el fallo también figuran como solicitantes diputados actuales y reelectos en su mayoría de la oposición disidente, como Guillermo Luces, José Antonio España, Kerrins José Mavarez, José Gregorio Aparicio, Williams Gil Linares, Franklin Duarte, Chaim Bucarán, Richard Arteaga, Conrado Pérez y Arkiely Perfecto.
