A la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) sobre el cese a los ataques al derecho a la libertad de asociación, el gobierno venezolano respondió con un comunicado rechazando tal pretensión.
En sus argumentos, el ejecutivo nacional, a través de un comunicado, repudió lo que considera un injusto cuestionamiento al supuesto “limpio accionar” de los poderes públicos venezolanos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia.
En concreto, la CIDH y la RELE interpelan al gobierno de Venezuela mediante una declaración pública la utilización de poderes constituidos como el judicial y el moral para tomar decisiones que afectan, según consideran, gravemente la libertad de asociación en el país, y por ende, impacta en la restricción del espacio cívico nacional.
Ante ello, el gobierno alega que tales valoraciones de estas instancias representan, una vez más, apunta el comunicado, “su desmedida subordinación a elementos hostiles que se lanzan contra el pueblo venezolano”.
Por otro lado, el ejecutivo nacional ratifica que denunciará en otros ámbitos internacionales esta conductas de “servilismo imperial” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su aparente soberbia de desconocer las decisiones de los tribunales constituidos en Venezuela.
Curiosamente, en el documento que deja circular por las redes sociales, el gobierno menciona erróneamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en realidad quien hizo el llamamiento fue la Comisión, cuyos pronunciamientos no tienen vinculación jurídica en el sentido estricto, como sí la tienen las sentencias de la Corte.
#COMUNICADO🔴| Venezuela rechaza de manera contundente el desventurado comunicado emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se pretende cuestionar el limpio accionar de los Poderes Públicos venezolanos.#ConsensoDeVenezuela pic.twitter.com/nNqZTUGL04
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 22, 2023
Entre los casos que se denuncian por la CIDH se menciona el de la intervención y posterior nombramiento de una junta ad hoc en la Cruz Roja venezolana.
También reflejan la judicialización a la cual fue sometido el Partido Comunista de Venezuela, al cual también se le adjudicó, vía TSJ, otra junta directiva distinta a la elegida por las bases de la organización.
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