En la rueda de prensa efectuada en la mañana de este jueves 19 de mayo, el jesuita venezolano Alfredo Infante y el abogado Marino Alvarado aseguraron que son inocentes del presunto delito de difamación agravada continuada. Esto, tras la demanda que interpuso el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
Ambos activistas de derechos humanos también aclararon que el informe de la iniciativa Lupa por La Vida, que llevan en conjunto el Centro Gumilla y la ONG Provea, correspondiente al año 2021 reflejó que en el país se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de cuerpos de seguridad.
En ese sentido, el sacerdote enfatizó que si bien el balance destacaba que la Policía de Carabobo fue la más letal de las estadales, con 132 casos, «ello no significa que el informe está focalizado en el estado Carabobo. Es un informe nacional», referido a registrar la violencia policial y militar en el país.
Igualmente precisó que «no se trata de una campaña en contra de ningún gobernador. No es nada personal contra el gobernador Lacava. Es una campaña a favor de la vida, a favor de los derechos humanos».
Infante también realzó el derecho que tienen los familiares de las víctimas en la búsqueda de la verdad, protección y justicia.
Por otro lado, afirmó que el papel del Estado en este tipo de hechos es investigar la responsabilidad que pudieran tener los funcionarios de seguridad. Inclusive llegar hasta las cadenas de mando.
Finalmente hizo un llamado a desistir de la criminalización de los sectores populares y a los jóvenes.
«En el informe de Lupa por La Vida más del 90% de las víctimas son jóvenes de barriadas populares», agregó.
En la rueda de prensa se encontraban los padres del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en abril de 2017 en medio de las protestas sociales. Sin embargo, no ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación y periodistas que hacían la cobertura de la ronda.
No permitieron que se juramentara el abogado defensor
El reconocido abogado penalista Joel García asumió la defensa de los dos defensores de derechos humanos. Aseveró en su intervención que esto es un nuevo capítulo «de ataque a la libertad de expresión, a los derechos humanos y ahora a la Iglesia».
Reveló que si bien la denuncia fue ventilada en el Tribunal Tercero de Control de Carabobo, intentaron juramentarse este miércoles 18 ante el Circuito Judicial Penal de Caracas pero no lo permitieron «por cuestiones territoriales de Carabobo».
García considera que la demanda, bajo ese tenor de difamación agravada y continuada, se debió introducir en los tribunales de la capital de la República, atendiendo al alcance nacional del informe.
No obstante de este impedimento, el jurista anunció que irán a Valencia en los próximos días para ejercer la defensa de Alvarado e Infante.
Recomendaciones para el Estado
El coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, aclaró que hacer visibles estas actuaciones no debe ser visto como un delito.
Aprovechó el momento para recomendarle a las autoridades de todo nivel que se conforme una comisión integrada por el Delegado de la Defensoría del Pueblo en Carabobo, el Fiscal Superior de esa entidad, una representación de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, una comisión de la gobernación del Estado e integrantes de Provea y Centro Gumilla para avanzar en las investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región en el 2021.
También sugirió que «en lugar de criminalizar nuestro trabajo, abra espacios para avanzar y conocer qué es lo que ha pasado».
Igualmente recomendó al alto gobierno diseñar e implementar políticas públicas tendientes a reducir los hechos privativos del derecho a la vida.
Alvarado asintió que según el artículo 132 de la Constitución nacional «tenemos el deber, la obligación de promover y defender los derechos humanos».
