La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, confirmó la renovación de la Carta de Entendimiento entre su Oficina y el gobierno venezolano para un año más.
La renovación también contempla que la presencia de funcionarios se triplicará y se habilitará un mecanismo de intercambio de información sobre casos concretos.
Estos anuncios los hizo en la apertura de la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Bachelet solo hizo mención en esta oportunidad de un capítulo de derechos humanos en Venezuela. Se espera que para el próximo 23 de septiembre realice una nueva actualización oral de otros renglones.
También reiteró su petición para abrir una oficina plena en Venezuela: «Como amerita la situación y como esperan la mayoría de nuestros interlocutores».
Entre los avances recientes en Venezuela, destacó el intercambio de información sobre casos concretos y situaciones de Derechos Humanos, en el marco de la cual se ha logrado que los privados de libertad puedan seguir hablando telefónicamente con sus familiares pese a la suspensión de las visitas a las cárceles por la pandemia de COVID-19.
Además, según Bachelet, la Fiscalía venezolana se comprometió a avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por fuerzas de seguridad y en 35 casos de muertes documentados por la oficina de Derechos Humanos durante protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, consideró «un salto cualitativo destacable» que representantes de la oficina hayan podido entrevistar de forma confidencial a 39 personas vinculadas a «casos significativos».
«Confío en que esta práctica constructiva continúe y sirva para mejorar la condición de los detenidos y que próximamente se puedan visitar otros centros emblemáticos», indicó.
Sobre los recientes indultos y la Misión de Determinación
La Alta Comisionada también instó al gobierno venezolano a continuar con las liberaciones de quienes, a su juicio, han sido detenidos de manera arbitraria.
La funcionaria hizo referencia a los “indultos” otorgados por el presidente de la República a 110 personas, entre ellas, al menos 50 presos políticos. Aseguró que estas decisiones contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
Según los datos que maneja la organización no gubernamental Foro Penal con los «perdones» presidenciales solo se pudo liberar al 13% de los llamados presos políticos. En sus haberes contabilizan que todavía permanecen detenidas 336 personas por razones políticas.
Por otro lado, y en otro tema, representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos en Venezuela esperan que el Consejo de Derechos Humanos pueda culminar con la votación favorable que permita renovar y fortalecer los mandatos de la Oficina del ACNUDH en el país y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.
Esta última instalada en el 2019 y cuya vigencia finaliza este mes de septiembre para realizar investigaciones en torno a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles en el país.
Vale recordar que la Misión realizó sus tareas a distancia ya que el gobierno venezolano no le permitió la visita en el terreno.
La ONG Provea, programa venezolano en educación y acción en derechos humanos, y el centro de investigación y acción social Gumilla han venido realizando un trabajo de monitoreo de violencia policial y militar contra la ciudadanía.
Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de PROVEA, afirmó que la continuidad del trabajo de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela es una esperanza para aplicar justicia.
Exigimos que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respalde el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela. Las víctimas de violaciones de DDHH y sus familiares claman justicia #JusticiaParaVenezuela @mbachelet pic.twitter.com/F6j2FE98SN
— PROVEA (@_Provea) September 14, 2020
