El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígena del Ecuador (Conaie), Enrique Guasca, ratificó su postura de apoyo al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Según la Confederación, Ecuador tiene severos problemas de fondo que necesitan atención, no obstante, el presidente Lasso no los ha logrado abordar. Seguridad, empleo, salud y otros asuntos son algunos de los temas que aseguraron, están pendientes por atender.
Ante este escenario, exige a la Corte Constitucional escuchar al pueblo porque «hay elementos de convicción» que, a juicio del presidente de la Conaie, permiten tal juicio político.
Pese a las exigencia, la Confederación Indígena no tiene previsto realizar protestas en las calles, a menos que haya algún tipo de detonante que amerite una movilización nacional. Pero sí anunciaron una movilización con el objeto de entregar una propuesta de Ley sobre el agua el 28 de marzo.
Guillermo Lasso es acusado por corrupción y peculado, delitos que deben ser evaluados por la Corte Constitucional. Esta deberá decidir si continuar el proceso. A juicio de Enrique Guasca, el Jefe de Estado ecuatoriano debe dimitir.
Guasca recordó que Lasso firmó un acuerdo con 218 puntos de la mesa de diálogo con los cuales no ha cumplido, razón por la cual debe «dar un paso a un costado» para que otra persona pueda ejercer el cargo.
Consejo de Administración Legislativa ya decidió
Este lunes 20 de marzo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio el visto bueno para la moción de censura a la que sería sometido el presidente Guillermo Lasso por supuestos delitos de corrupción. Ahora está en manos de la Corte Constitucional que deberá decidir si la moción es acorde a los lineamientos de la Carta Magna.
La solicitud de juicio político contra el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que hizo la Asamblea Nacional pasó la verificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). De allí se envió a la Corte Constitucional que evaluará su legalidad.
Cinco legisladores del Consejo votaron a favor y dos se abstuvieron, por lo que la moción fue aceptada por mayoría. La CAL aceptó el pedido de juicio político contra Lasso, quien está acusado de concusión y malversación en un caso de supuesta corrupción de empresas públicas.
Ahora es la Corte Constitucional la que debe decidir si la solicitud realizada por la Asamblea Nacional cumple con la legalidad y se ciñe a la Carta Magna ecuatoriana.
La solicitud de juicio político está amparada en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, que considera censurar al presidente por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito».
En caso de que la Corte apruebe el proceso, aún falta el filtro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para que pueda llevarse a cabo el debate en la plenaria.
Los presuntos nexos de Lasso con el caso «Gran Padrino»
Varios grupos de la oposición, que son mayoría en la Asamblea, pidieron enviar a juicio a Lasso basándose en un informe de una comisión legislativa que investigaba el resonado caso Encuentro o Gran Padrino.
El medio digital ‘La Posta’ sacó a la luz los polémicos audios donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso. En estos se podía entrever una trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales.
En los mismos audios figuraba otra persona cercana al oficialismo, el empresario Rubén Cherres, quien estuvo vinculado en 2021 a una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico.
La comisión investigadora recomendó al total de la Asamblea exigir explicaciones a Lasso por el supuesto entramado de corrupción.
Viviana Veloz, la asambleísta que presentó la solicitud ante la Asamblea, afirmó: «Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecúa a los delitos por concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco)».
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