María Gabriela Hernández, exdiputada a la Asamblea Nacional, parte de la premisa de que si el Estado conoce de los constantes derrames petroleros en el oriente y las costas del país, así como la práctica desmedida de la minería ilegal al sur, podría estar incurriendo en una acción que constituya crímenes de lesa humanidad.
Hernández informó este jueves 24 de marzo a Radio Fe y Alegría Noticias que la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, ha consignado ante las Naciones Unidas documentos en los que exponen lo que considera es un “exterminio de la humanidad”.
Explicó que Venezuela posee leyes ambientales vigentes, debidamente formuladas. No obstante, cuestiona que desde hace 22 años la institucionalidad en esta materia ha mantenido un progresivo retroceso que han derivado en, según la exdiputada, en “malas gestiones gerenciales”.
Entre los años 2018 y 2020 la Asamblea Nacional elegida en el 2015 presentó un informe en el que se detallan cinco puntos respecto a las irregularidades ambientales en el país, entre ellos: los derrames petroleros y la minería ilegal en el Arco Minero.
Al respecto, describió que actualmente persisten los derrames petroleros en los estados Anzoátegui, Monagas y Zulia. En el caso de la entidad monaguense, detalló que hoy en día persisten las fugas en al menos tres lugares.
El lago de Maracaibo está entre los lugares más contaminados del país, denunció María Gabriela Hernández. Reveló que bajo sus aguas existen cientos de tuberías que continuamente presentan fugas.
Para la exparlamentaria estas anormalidades que inciden en la calidad de vida de los venezolanos, son consecuencias de una cuestionada gerencia por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Además de los derrames petroleros, Hernández denuncia que las acciones desmedidas de la minería, sin ningún control ambiental al sur de Venezuela, donde se desarrolla el Arco Minero del Orinoco, está desplazando a miles de pueblos indígenas, vulnerando todos sus derechos humanos ancestrales consagrados en la Constitución venezolana.
María Gabriela Hernández advirtió que existen “pruebas irrefutables” sobre la comercialización de mercurio en la actividad minera, aun cuando este elemento está prohibido por ser una sustancia letal. Según la exdiputada, todos los documentos sobre esta irregularidad fueron consignados este año 2022.
A propósito de su denuncia, considera que el Estado venezolano comete una acción que puede considerarse como delito de lesa humanidad, tomando en cuenta que, a su juicio, se trata de un “exterminio de la humanidad” que está en marcha.
