El director del Servicio Jesuita a Refugiados, P. Eduardo Soto, aseguró que la actuación del Estado venezolano se ha limitado a la acción militar, cuando hace falta la coordinación entre los grupos de asistencia social para atender a una población que hasta el pasado domingo 21 era ajena a los rigores de un enfrentamiento armado.
La ONG PROVEA le realizó una entrevista a propósito de la tensa situación que aún se vive en La Victoria, estado Apure, a una semana después del primer enfrentamiento entre fuerzas militares venezolanas y grupos de irregulares.
La comunidad de La Victoria, municipio José Antonio Páez en el estado Apure, vivió los horrores propios de la guerra en la madrugada del domingo 21 de marzo, cuando un ataque que incluyó el uso de explosivos por parte de grupos armados a instalaciones civiles y militares de la zona provocó una respuesta con ataque aéreo y bombardeos por parte de la Fuerza Armada Nacional.
El terror y el pánico se apoderaron de sus habitantes y aún hay combates en la localidad, provocando el desplazamiento de numerosas personas, quienes dejaron sus hogares y pertenencias y huyeron despavoridas hacia el lado colombiano de la frontera o hacia Guasdualito, la ciudad más cercana, pasando a la condición de refugiados.
Organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS por sus siglas en inglés, fundado por el padre Arrupe hace 40 años) y Cáritas están prestando apoyo a estas personas, pero la difícil situación en la zona fronteriza y la continuidad de los ataques y enfrentamientos armados empeoran una zona que antes vivió en paz y hoy es el centro de un conflicto.
El padre Eduardo Soto, sacerdote jesuita y director del JRS Venezuela (fundado hace 20 años), contó cómo ha cambiado la acción de los grupos de asistencia social en la zona, que ya habían tenido que apelar a una nueva dinámica por la migración de venezolanos y luego la llegada de la pandemia por laCOVID-19.
El también abogado de la UCAB resalta que la sola acción militar en la frontera no devolverá la paz y que, al contrario, es con la coordinación entre los organismos con lo que se puede evitar la escalada de violencia y que el conflicto armado se extienda a otras zonas del territorio nacional.
¿Cuáles han sido los efectos de los enfrentamientos armados a partir del domingo 21 en la comunidad de La Victoria?
El SJR tiene una oficina binacional con sede en Guadualito y el Departamento de Arauca, que busca atender la situación fronteriza de manera integral, no solo la de venezolanos llegando al Arauca, sino la de muchos venezolanos que atraviesan serias dificultades en la zona fronteriza y se busca elevar el nivel de asistencia y trabajo a las comunidades.
“Es una realidad muy diversa y particular. La frontera tiene su propia dinámica. En el Arauca, Arauquita y La Victoria hay redes de iglesias católicas, de Radio Fe y Alegría y jesuitas, y no ha mermado el trabajo en red. A través de la Iglesia y las comunidades estuvimos en conocimiento del enfrentamiento armado en la ciudad de La Victoria, donde se destruyeron las instalaciones del Seniat y las de la Fuerza Armada, y hubo ataques a otras instalaciones civiles. Se produjo una gran alarma en La Victoria y las comunidades aledañas y muchas de estas personas optaron por huir ante la violencia, muchos lo hicieron hacia el lado colombiano, otros hacia Guasdualito, porque vieron su vida en peligro, buscando algún familiar o apoyo ante esta situación”.
No se cuenta con suficientes albergues para darle cobijo a más de 4 mil personas de más de mil 200 familias
Soto cuenta que desde el cierre de la frontera con Colombia se fue generando tensión en la zona, ya que muchas actividades de grupos, tanto regulares como irregulares, se han visto afectados, por lo que era previsible que en algún momento ocurriera un suceso como el que se inició el domingo 21, con un saldo aún no precisado de varios fallecidos, entre ellos dos efectivos de la FANB y decenas de detenidos.
Indicó el sacerdote que lo ocurrido no es nada común. “Que se estuvieran dañando instalaciones civiles y militares no lo habíamos visto hasta la fecha. Nos llama la atención que muchas de las personas se desplazaron hacia Arauquita, son de familia colombiana que hacen vida del lado venezolano, que tienen su trabajo, su conuquito, y sus hijos estudian acá”.
Resaltó que aunque los sucesos los ha sorprendido, temían que pudiera ocurrir en cualquier momento. “Hace dos semanas hubo un cierre total del río y la Fuerza Armada y Migración colombianas estaban patrullando constantemente; eso generó muchísima tensión en la frontera. Hubo algunos estallidos y accionar de explosivos contra fuerzas militares colombianas del lado colombiano de los pasos”.
Afirmó que, del lado venezolano no se cuenta con una estructura de albergues para poder coordinar la respuesta a los desplazados, y que el accionar por parte del Estado venezolano se ha hecho al modo militar, a través de la Zodi (Zona de Defensa Integral).
¿Qué es lo que han observado en cuanto a la presencia de grupos irregulares?
La frontera siempre ha tenido presencia de distintos grupos armados, tanto del lado colombiano como del venezolano, pero en los últimos meses ha habido un incremento de la violencia del lado de Colombia, en comunidades como Saravena, Arauquita y Arauca, incluso con detonaciones de explosivos; del lado venezolano también muchos grupos irregulares, por el paso de mercadería y del contrabando de gasolina.
Explicó que es más fácil conseguir insumos en el lado colombiano y pasarlos por el río hasta Venezuela, que conseguirlos en territorio nacional. “Estos pasos fronterizos ilegales, trochas y ríos, el Arauca y Apure, están controlados por algún grupo armado, no se sabe con certeza cuáles son ni qué relación tienen con la legalidad, pero es la situación que se vive”.
Enfatizó que uno los principios del JRS es la neutralidad, y que su orientación es hacia la unidad. “Nuestra atención va en el tema de la salud y a las mujeres embarazadas; es importante que esta atención no merme, así que seguimos trabajando”.
Añadió que, hasta el momento, no han tenido ningún incidente que llegue a amenazar su seguridad, y que mantienen comunicación con entes civiles y militares de la zona, ya que los uniformados son los únicos que pueden garantizarles seguridad. “Por conversaciones sabemos de la presencia de otros actores, que realmente no logramos identificar, que también tienen intereses debido a la porosidad de la frontera, que tiene mucha movilidad”, acotó.
¿Cómo ha sido el proceso de los desplazados venezolanos?
A partir de 2017 hubo un cambio significativo en el flujo migratorio. Lo primero que nos alarmó fue que ciudadanos colombianos, a quienes acompañamos en su proceso de refugio y regularización en Venezuela, nos manifestaron el deseo de volver a Colombia. Ellos se habían asentado, tenían hijos, pero llegó el momento en que decían ‘creo que voy a estar mejor en Colombia que en Venezuela. Esto está muy difícil y cada vez más complicado mantener a la familia’. Comenzaron a ver que era muy complicado sostenerse dentro de Venezuela.
“Luego, comenzamos a ver dentro de nuestro grupo de trabajo, la Red de Jesuitas con Migrantes, que actúa junto con los servicios de citas a migrantes en muchos países de Latinoamérica, que éstos nos reportaban que la situación había variado las situaciones. Antes conocían algunos venezolanos migrantes, pero vieron que había una cantidad cada vez mayor de venezolanos, sin calificaciones académicas, que estaban en situación de necesidad, que no tenían la red de protección que podían tener otras personas migrantes y, paralelamente, en otros reportes comenzamos a ver gente que llegaba a la frontera simplemente con la voluntad de emigrar, de irse a Colombia, Ecuador o Chile”.
Contó que entre 2018 y 2019 llegaban autobuses de líneas de transporte que comenzaron a llevar a la gente desde Caracas y Puerto La Cruz hasta Quito o Guayaquil. “Vimos que no solamente era una cuestión temporal sino un patrón, que Venezuela dejó ser un país receptor de migración a país expulsor. En 2019 vimos una gran disminución de la matrícula y del profesorado, muchos habían migrado, muchos niños no habían migrado, pero sus padres sí y estaban al cuidado de abuelos o tíos, afectados por el fenómeno de la movilidad.”
La consecuencia de eso fue la JRS comenzó a modificar sus proyectos, y que organismos multilaterales comenzaron a colocar sobre la mesa la situación y ofrecieron la oportunidad para poder financiar el trabajo de prevención y apoyo para la población.
“Lo que más nos preocupaba entre 2018 y 2019 es que se trataba de una migración no muy informada, las personas se iban solo con la cédula, sin un plan certero; había mucho de desesperación. Así que lo que hicimos fue, conjuntamente con la Red de Jesuitas, constituir una red migratoria segura, ofrecerles un proyecto donde podrían ver cuáles eran las mejores opciones para emigrar”.
¿Qué acciones se deben tomar para evitar que continúe la violencia?
Los únicos organismos con capacidad para responder son los de la FANB, para hacer llegar de manera inmediata alimentos, medicinas y albergues que la población está requiriendo, pero ellos no tienen experticia en acompañamiento psicosocial, el tratamiento diferenciado a niños y adolescentes, a los indígenas. Nosotros tenemos capacidad para atenderlos, aunque, igualmente, nuestra capacidad es limitada.
“Es necesario que se organice un comité o coordinación y se convoquen a todas las organizaciones, como Cáritas y otras que pueden prestar su voluntad y recursos”.
Entrevista producida y publicada por PROVEA
