El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció un balance sobre el enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos irregulares «armados» en la población de La Victoria, estado Apure, con 6 personas muertas y 27 sospechosos puestos a la orden de la ley.
Indicó que también decomisaron armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relacionada con las actividades de dichos grupos irregulares.
López aseguró que los grupos anteriormente señalados «cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés)», por lo que considera que estas incursiones en el espacio geográfico venezolano deben tratarse como una «agresión auspiciada por Iván Duque (presidente de Colombia)».
El ministro de Defensa afirmó que el gobierno colombiano aporta apoyo logístico y financiero «creando un corredor criminal en la frontera, con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica».
Padrino López expresó que llama la atención el papel que juegan tanto medios de comunicación como Organizaciones No Gubernamentales «en la operación que solo busca mantener a raya la violencia en Venezuela».
Defensores de DDHH se pronuncian
Por su parte, el defensor de los Derechos Humanos, Marino Alvarado, cuestionó las declaraciones de Padrino López al preguntar si entre la lista de los seis asesinados estaban los cinco miembros de una misma familia que, según denuncias recibidas, habían desaparecido y luego sus cuerpos aparecieron portando vestimenta militar.
Alvarado apuntó que deberían iniciar «investigaciones internas para determinar responsabilidades y si se ufana de humanista, apoyar a los familiares de los asesinados».
