La anunciada visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela se concretó este domingo 31 de octubre. Luego de cumplir su periplo por Colombia el alto funcionario fue recibido por el canciller de la república Félix Plasencia.
Según las primeras informaciones oficiales Khan cumplirá una agenda de tres días sin precisar detalles
Aún se desconoce cuál es la agenda que cumpliría en las jornadas de trabajo pese a que declaró hace días a un medio internacional que venía a Venezuela con la intención de «escuchar y entablar relaciones».
Kahn también aclaró que no venía en calidad de «agente clandestino» sino atendiendo a una invitación formal del gobierno venezolano que preside Nicolás Maduro, cuestión que ratificó el Fiscal General de la República Tarek Willliam Saab.
Sobre este punto el especialista en derecho internacional Simón Gómez explicó que esta visita institucional del Fiscal de la CPI a Venezuela no implica un respaldo a la gestión de Nicolás Maduro.
Por el contrario, cree que la misma debe ser vista como un mecanismo de presión para que el Estado venezolano inicie una real reforma del Sistema Judicial e imparta justicia por violaciones sistemáticas de derechos humanos o sencillamente se abra a que la Corte comience con la fase de investigación en su contra.
A juicio del abogado, la actividad realizada por la fiscalía de la CPI, incluyendo a Bensuoda y ahora al británico, se ha desarrollado en una armonía relativa con el Estado venezolano a lo largo del examen preliminar, cuando las autoridades venezolanas han suministrada alguna información y participado de reuniones en La Haya.
Esto, dice Gómez, está previsto en el «sistema de la Corte Penal Internacional en conjunto con el principio de la complementariedad. Los Estados, de acuerdo al artículo 82 del Estatuto de Roma, están obligados a cooperar con la Corte en la realización de su mandato, que es prevenir e impedir la impunidad por los crímenes que son de su competencia”.
Pero advierte que, pese a lo dicho por el titular del Ministerio Público y del propio mandatario nacional, el Estado venezolano no ha podido probar que cumple con ese principio de complementariedad.
“Lo que debemos advertir es que el Estado venezolano parece no haber probado, según lo que se desprende de acciones tomadas a la fecha, que haya juzgamiento por los crímenes objeto del examen preliminar, que son torturas, desapariciones forzadas, encarcelamiento, violencia sexual, que fueron cometidos en el contexto de las manifestaciones que se dieron en Venezuela entre el 1° de abril y el 31 de julio 2017″.
Tampoco ha investigado ni juzgado a los responsables de las cadenas de mando, según lo apunta también Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea.
Familiares de víctimas de torturas, de ejecuciones extrajudiciales y de desaparecidos en altamar y jubilados han pedido reunirse con Karim Kham cuando arribe al país.
