La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales y la situación humanitaria en Venezuela.
Durante la actualización oral de su informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela este 18 de Diciembre, Bachelet compartió datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, según los cuales el Producto Interno Bruto del país cayó un 62% desde el año 2013.
Esto, aseguró, afecta negativamente el acceso de los venezolanos a los alimentos y productos de primera necesidad
«Sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía».
En ese sentido, Bachelet hizo referencia al aumento del 375% del salario mínimo decretado en octubre, destacando que sólo cubre el 3.5% de la canasta básica alimentaria.
Salud y Violencia
La expresidenta chilena también se expresó en cuanto al tema de la salud infantil, haciendo énfasis en la muerte de cuatro niños del hospital infantil J.M. de los Ríos.
Bachelet calificó la situación de «preocupante» y detalló que «de los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica».
También citó cifras de la organización Cáritas de Venezuela que detallan que un 11,9% de los niños en las parroquias más pobres de 19 estados del país muestran señales de malnutrición aguda, lo que significa un aumento de 56% con respecto al 2018.
Sobre la violencia, Michelle Bachelet detalló que desde agosto hasta diciembre su oficina sigue registrando «alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales».
Sobre este tema, la comisionada hizo mención a las cifras compartidas por el Ministerio Público ofrecidas por el Fiscal General Tarek William Saab.
En su actualización Bachelet señaló que su oficina recibió información que señala que de los 131 funcionarios de seguridad condenados por violaciones de derechos humanos, 55 sentencias fueron por homicidio en relación a 68 víctimas. De esos condenados, 14 eran de la Policía Nacional Bolivariana, aunque no se especifica si eran parte de las Faes.
«Agradezco la información aportada por el Ministerio Público, la cual está siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia», dice el documento.
Bachelet también hizo mención a los hechos de la comunidad de Ikabarú en el estado Bolívar, donde fueron asesinadas ocho personas, denunciando que debido a los hechos de violencia producto de la minería ilegal, muchos miembros de la comunidad huyeron del territorio por temor.
Sobre el particular, reconoció las investigaciones del Ministerio Público, que llevaron a la detención de 13 presuntos sospechosos y exhortó a las autoridades a » adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona».
Otras preocupaciones
En la actualización, Bachelet se refirió a otros hechos que despiertan preocupación en su comisión, como la migración irregular, producto de la dificultad para la adquisición de pasaportes, fallas en los servicios públicos y la restricción de las libertades públicas.
En este último aspecto, reiteró el llamado al gobierno nacional a que cumpla con las recomendaciones del Grupo de Trabajo y » se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens».
