El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela registró el año pasado 249 casos que acumularon 380 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios y ciudadanos en todo el país.
De acuerdo con el informe anual “El Asedio del Poder”, la violencia, descalificación, hostigamiento, persecución y criminalización son los principales mecanismos ejercidos en Venezuela en contra de los comunicadores.
Según el instituto, estas acciones han desencadenado la “censura y la autocensura”. Esto se traduce en un obstáculo para los ciudadanos a una información libre y oportuna.
En ese sentido, IPYS confirmó 140 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 75 restricciones de acceso a la información pública, 68 por discurso “estigmatizante”, 25 por acciones de censura interna, 24 por censura previa, 17 por abuso del poder estatal, 16 acciones legales administrativas, 12 detenciones arbitrarias y 3 desapariciones forzadas.
Los datos
En la mayoría de los casos, funcionarios de los organismos de seguridad del Estado como cuerpos policiales, militares y de inteligencia estuvieron involucrados. También autoridades de justicia.
De acuerdo con IPYS, a lo largo de 2021 aumentó el “retroceso informativo” con limitaciones a los derechos digitales de los venezolanos.
La organización, aunque no obtuvo evidencias de censura digital, conoció denuncias de bloqueos a plataformas digitales informativas. También de casos por limitaciones a la privacidad por hackeos a cuentas en redes sociales. En resumen se confirmaron 129 casos de violaciones.
El informe también detalla 222 violaciones hacia los trabajadores de la prensa; los hombres fueron los más afectados con 127 casos reportados, mientras que 95 fueron por ataques a las mujeres.
Nuevamente el rol que enfrentó más obstáculos fue el de los reporteros. De acuerdo con los registros, 140 de ellos sufrieron algún tipo de impedimento. Seguidamente se encontraron los locutores (24) y reporteros gráficos (13).
La inseguridad y el temor siguen condicionando las labores informativas de los trabajadores de la prensa en Venezuela.
En Venezuela, el derecho de acceso a la información pública está confiscado por una política de secretismo, control y violencia, según detalla en su informe IPYS.
Ante esto, insisten al Estado venezolano la necesidad de adoptar una legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares internacionales.
La censura sigue siendo la estrategia fundamental del Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El informe asevera que fue la responsable de apagar los transmisores de nueve emisoras radiales en todo el país.
Asimismo por supuestas “presiones”, un total de 16 programas de radio y televisión fueron sacados de las parrillas de programación de medios de comunicación. Además reportaron bloqueos a varios portales web de noticias.
Recomendaciones
IPYS Venezuela plantea en ocho puntos las acciones fundamentales para salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país.
- Conceder garantías de protección efectivas a periodistas y defensores de DDHH para que no sean objeto de detenciones arbitrarias, procesos judiciales, agresiones, amenazas, o cualquier otro acto de intimidación por ejercer su labor.
- Garantizar la pluralidad y la diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información.
- Asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin que sean objeto de procedimientos arbitrarios.
- Cumplir con los estándares del Sistema Interamericano en materia de libertad de expresión, sus recomendaciones y declaraciones.
- Promover políticas públicas orientadas en mecanismos para defender los principios de neutralidad, acceso y privacidad en la red, y que se garantice internet como DDHH.
- Ofrecer programas de formación para el mejoramiento de las capacidades periodísticas, así como en materia de derechos digitales.
- Adoptar una ley de acceso a la información pública que se ajuste a los estándares interamericanos de protección de este derecho y, en particular, a la Ley Modelo Interamericana 2.0, que constituye el precedente principal para los países de la región que desean mejorar sus lineamientos internos en esta materia.
- Asegurar que los delitos contra la libertad de expresión en el país sean investigados y procesados.
Radio Fe y Alegría Noticias invita a conocer más detalles de este informe presentado por IPYS visitando su portal web: www.ipysvenezuela.org
