De acuerdo con el abogado y profesor de derechos humanos, Carlos Lusverti, la nueva designación de Maikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quebranta la limitación constitucional de 12 años como máximo período de permanencia de los magistrados.
«Un individuo como Maikel Moreno, que fue designado en 2015, podría estar en el TSJ 19 años, lo cual claramente es inconstitucional si se le suma los siete que lleva más los 12 que tendrá. Hay otros casos que están en una situación similar extendiendo o quebrantando la limitación constitucional de 12 años como máximo período para la permanencia de los magistrados», argumentó a Radio Fe y Alegría Noticias.
Este martes 26 de abril en la sesión de la Asamblea Nacional se dieron a conocer los 20 nombres de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de ellos 12 repitieron.
Entre los designados destacan algunos repitientes, rectores electorales y otros jueces que regresan a la administración de justicia en Venezuela, tales como Gladys Gutiérrez, quien fungió como presidenta del máximo tribunal en varios períodos anteriores, y el actual Maikel Moreno.
En ese sentido, calificó de «grave» la designación tanto de Moreno como Gutiérrez ya que aparecen señalados, «con nombre y apellido», en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos «por su participación como parte del Poder Judicial en los crímenes internacionales investigados por la misión».
Dijo que con estos nombramientos se repite la práctica de exdiputados «chavistas» devenidos en magistrados, como por ejemplo Calixto Ortega «que repite, o como bien se señalaba, Tania D’Amelio, pero también Gladys Requena, que pasa ahora a la Inspectoría General de Tribunales, la instancia encargada de la investigación, sustanciación disciplinaria de las actividades de los jueces, lo cual es un terrible indicador en materia de uso político, persecución».
Otro dato que resaltó Lusverti fue que muchos de los magistrados designados están sancionados por los EEUU, lo que considera como una «bofetada» al tema de las sanciones.
